LUIS MUÑOZ MUÑOZ
Los correístas se han dado en llamar a las acciones judiciales incoadas en su contra, por delitos comunes como persecución, con el fin de convertirse en víctimas. Esta estrategia la manejan Rafael Correa y su camarilla, con el objeto de hacer creer que son perseguidos políticos.
Con ese ‘cuento chino’ han logrado refugiarse en México, Perú, Bélgica y en Bolivia, en la administración de Evo Morales. Los gobiernos que los han acogido han pasado por alto el análisis de los hechos y circunstancias que forman parte de la realidad histórico-jurídica de cada uno de ellos, ni siquiera se ciñen a la definición de persecución, que se contrae al “conjunto de acciones represivas o maltrato, persistentes, realizadas por un individuo o más comúnmente un grupo específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras”, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.
Los funcionarios de la administración de Correa cometieron delitos comunes, por los cuales deben responder ante la Justicia. «El fin justifica los medios». Estos convictos culpan a la Justicia y al Estado de perseguirlos, en un siniestro plan para protegerse a sí mismos, a sus testaferros y camaradas, y eludir la acción de la Justicia, buscando impunidad.
Cuando los confrontan, niegan los hechos, y aunque se los demuestren, son incapaces de reconocer nada. Las pruebas existentes las atribuyen a que han sido forjadas infamemente, con el objeto de incriminarlos en delitos graves como cohecho, concusión, lavado de activos, traición a la Patria y otros.
Hasta cuándo tanto descaro y sinvergüencería de las “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes”, como solían repetir en cada mitin. Es hora de aplicar la Ley, caiga quien caiga. Los de cuello blanco también deben ser investigados y juzgados con todo rigor. (O)