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Empresa china pide indemnización de 480 millones de dólares por Río Blanco

FEB, 19, 2020 |

INTENTOS. En anteriores ocasiones el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, ha pedido a la Corte Constitucional una consulta popular contra la minería.

David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, denunció ayer, durante una rueda de prensa en Quito, que ciertos sectores políticos persisten en echar abajo la actividad minera en el país, lo que ya está provocando perjuicios importantes.

En ese sentido, anunció que la empresa china Junefield Ecuagoldmining South América, concesionaria del proyecto minero Río Blanco, ha planteado una indemnización de 480 millones de dólares al Estado para evitar la presentación de una demanda internacional.

El motivo es que ese proyecto se mantiene paralizado desde hace más de dos años, luego que una decisión judicial consideró que se vulneraron los derechos de consulta previa de la comunidad aledaña de Molleturo, en Azuay.

“Las actividades en la mina se paralizaron sin sustento legal y ya hay muchas evidencias de que la zona ha sido tomada por la minería ilegal y todas sus actividades criminales conexas”, acotó Larenas.
 

¿Y ahora?
La preocupación no solo se manifiesta en el sector minero, sino en todo el tejido empresarial, debido a que la inseguridad jurídica continúa por la vía de un nuevo pedido de consulta popular presentado por el prefecto azuayo, Yaku Pérez, y que pretende revertir todas las concesiones vigentes en la provincia.

EL DATO
Hasta el 12 de marzo debe pronunciarse la Corte Constitucional ante el pedido de consulta popular.
“Si las preguntas planteadas van adelante, no sería difícil hacer los cálculos de las millonarias demandas internacionales que nos tocaría a todos los ecuatorianos pagar”, recalcó Larenas.

Según Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la expectativa es que la Corte Constitucional, hasta el 12 de marzo próximo, se pronuncie desechando las preguntas presentadas por Pérez, debido a que, a su criterio, “violan la Constitución y son generales y sesgadas”.

Hasta la fecha, se han presentado 38 ‘amicus curiae’ en contra de la posible consulta popular.
 

Respuesta de Pérez 
Pérez aseguró que sería una irresponsabilidad permitir la explotación minera en sitios como Cajas, Quimsacocha, Río Blanco. “Por los millones de dólares que ellos indican, ¿por qué no recuperan los $70.000 millones de la corrupción? No nos importan las represalias políticas o económicas que se nos vengan, porque yo fui elegido defensor del agua en el Azuay”, respondió.

Este Diario pidió la posición oficial del Ministerio de Energía sobre el pedido de indemnización por Río Blanco y la situación del sector minero, pero se nos informó que un espacio de entrevista se podría abrir durante la próxima semana. 

También se realizó la consulta a Xavier Sánchez, gerente de la concesionaria china, pero tampoco se obtuvo respuesta. (JS)

15,9% de Azuay está concesionado 
° De acuerdo con datos oficiales, en toda la provincia existen 820 concesiones mineras, lo que representa el 15,9% del territorio. De ese porcentaje, el 9,7% está destinado a la exploración mientras que, del total de concesiones, el 15% es minería industrial, 41% pequeña minería y 38% minería artesanal.

“Si se suspenden o revierten todas las concesiones, los principales perjudicados serían los pequeños y artesanales. Además, se perderían 4.500 empleos directos y 7.300 indirectos”, puntualizó Larenas.

El abogado Andrés Ycaza recordó que el prefecto Yaku Pérez debería estar consciente que se podrían iniciar procedimientos de repetición contra él y recalcó que la actividad minera es de muy largo plazo, y se ve afectada por las constantes acciones legales para frenarla.

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