La justicia de la tortuga

Trece ecuatorianos son procesados en USA, doce de los cuales ya confesaron en el esquema de corrupción que contempla más de 17 millones de dólares por sobornos en Petroecuador, once de ellos delinquieron durante el correato y dos en el actual gobierno. Ellos huyeron a Miami pero no contaban que la justicia de Estados Unidos no es la misma que la lenta y manipulable ecuatoriana.

La efectividad del sistema legal norteamericano, ligado a tener las cárceles más seguras del mundo, hace que capos y rufianes de México, Colombia y en su momento los representantes del correísmo, temblaran ante el hecho de ser extraditados o en delitos transnacionales ser juzgados en USA, invocando como siempre la tan trillada ‘soberanía’. Estos ‘13 de la fama’ en Ecuador tienen decenas de informes de Contraloría mencionándolos en investigaciones previas, que nunca llegaron a sentencias, mientras que en los USA ya están detenidos y han confesado que formaron parte de la red de corrupción de Petroecuador, e incluso se les ha incautado millonarios bienes.

Revisaremos tres ejemplos para evidenciar la diferencia de la justicia en ambos países: El excoordinador de contratos de la refinería de Esmeraldas, Marcelo Reyes, quien confesó que recibió más de $2 millones en coimas, mientras en USA le confiscaron seis propiedades valoradas en $4 millones, en Ecuador solo tiene informes de Contraloría en su contra y una investigación en la Fiscalía que desde 2016 no avanza.

J.A. Baquerizo, condenado en Miami a 3 años de prisión, confeso que pagó $1,72 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador, su empresa acumuló $40 millones en contratos públicos, se le embargó un departamento por $1,2 millones, en Ecuador tiene una sentencia junto a Álex Bravo y una auditoría del SRI. José de la Torre exfuncionario de Petroecuador junto Roberto Barrera, ya en el gobierno actual, ambos confesaron que pidieron $3,5 millones a una empresa contratista, en Miami espera sentencia, en Ecuador no tiene ni siquiera denuncia en la Fiscalía.

Hay que recordar que la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas le costó al Estado más de $2.000 millones. Posiblemente nunca se conocerá la amplitud del esquema de sobornos que funcionó en Petroecuador y su astronómico perjuicio al país. Estamos lejos de tener un sistema judicial eficiente, aquí los corruptos dilatan procesos, descalifican jueces y pruebas, exigen privilegios, no les incautamos nada; la corrupción viaja en avión, nuestra justicia a paso de tortuga.

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