El doctor Hernán Salgado, respetable jurista, que honra la barra de abogados y la Corte Constitucional, denuncia, en su calidad de presidente, que en la anterior Corte se vendieron sentencias, se cobró por poner los casos en el Orden del Día, se cambiaba el texto aprobado por el Pleno. Solo de un juez de acrisolada honradez, rigurosa formación académica, podemos esperar una denuncia de esa magnitud, que evidencia lo que el narco-comunismo institucionalizó en el aparato de justicia ordinario y constitucional, durante la década infame; repugnante sistema que aún perdura. Para impedir su delación, blindaron la corrupción judicial con normas que prohíben se filme o grabe a jueces, durante sus actuaciones; se publique sus resoluciones; degradan el ejercicio profesional de los abogados; coartan la defensa, con normas de «admisibilidad» de los recursos, violando el principio: todo recurso debe conocerse y resolverse en sentencia. La inadmisión de los recursos, vulnera la garantía de acceso a la justicia; torna inservibles a los máximos tribunales de justicia ordinaria y constitucional; los politiza; expone la vagancia e irresponsabilidad de los jueces; instituye perversidad procesal; es una aberración en el «sistema constitucional de derechos y justicia» vigente.
La Corte Constitucional, en base a lo denunciado, debe dejar sin efecto las inadmisiones adoptadas por la Corte anterior, mientras el Cpccst evaluaba su espuria actuación, porque estaban cuestionados, recusados, y fueron destituidos, aún cuando quedó intacto el aparato crapuloso.