Nos enfrentamos, a más de la emergencia sanitaria, a una terrible e insostenible crisis económica, que llevará a la quiebra a muchas empresas y a la miseria a millones de ecuatorianos.
Es verdad que necesitamos fondos para paliar estas gravísimas circunstancias, pero no hay que volver a las recetas del gobierno anterior, como la cuenta nacional por el terremoto de Manabí, cuyos fondos, aporte de los ciudadanos comunes, quién sabe dónde fueron a parar.
Necesitamos políticas económicas serias que reactiven la vida productiva. Sea la oportunidad para pensar en un régimen laboral del sector público que elimine las inequidades para que los sueldos se regulen en función de la instrucción y méritos de los funcionarios. ¿Por qué un médico que se prepara tantos años para salvar vidas o un maestro que tiene en sus manos a seres tan delicados como los niños, debe ganar menos que otros funcionarios públicos?
Se requiere otro régimen laboral para el empresario chico y mediano, en el que las obligaciones tributarias, las de la seguridad social y las laborales, no le ahoguen.
Si de solidaridad se trata, muy bien y ojalá que los mandatarios de elección popular y otros, aporten la mitad de sus remuneraciones, de lo contrario que se regresen a sus antiguos trabajos, que talvez eran más rentables.
Ningún ecuatoriano se opondría a la solidaridad, pero ¿por qué solamente echar mano del ya afectado sector empresarial y peor de los trabajadores?
¿Por qué no se suprime la representación de los parlamentarios andinos, cuya existencia demanda millones de dólares anuales al Estado, y por qué no se regresan a tantas delegaciones diplomáticas, sin oficio ni beneficio?
Esperemos que los asambleístas demuestren su solidaridad, aprobando la reducción de sus sueldos y la de los funcionarios de elección popular a la mitad.