Las instituciones de educación superior del Ecuador tuvieron conocimiento que el Ministerio de Economía y Finanzas en forma unilateral y sin aviso previo, había procedido a recortar recursos que estaban destinados al normal funcionamiento de estas entidades.
No puede desconocerse que el Ecuador, como todos los países del orbe en mayor o menor medida, viven una grave crisis económica y social, pues han debido canalizar todos sus esfuerzos a enfrentar los problemas sanitarios derivados de la pandemia que hoy nos aflige, lo que, desde luego, compromete a todas las personas e instituciones a adoptar medidas de austeridad para que los escasos recursos de que se disponen, sean utilizados en lo prioritario.
Tampoco se puede desconocer que lo países que mejor han enfrentado el problema son aquellos que han realizado esfuerzos sostenidos en el campo de la educación y la investigación científica, como no se puede soslayar el aporte que en estos momentos han entregado universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, a través de su personal, equipos de laboratorio y aplicaciones de sus proyectos de investigación.
La salud y la educación son las dos caras de la misma moneda y así como se prioriza la atención a la salud, no es dable, bajo ningún pretexto, retirar el apoyo que las universidades del país requieren para cumplir con su misión; no cabe imponer decisiones y afectar gravemente al funcionamiento de las instituciones de educación superior bajo deleznables argumentos como los de que existe una sobre valoración de los sueldos de los docentes o el uso inadecuado de los recursos de que disponen.
Lo sensato habría sido invitar a las universidades a revisar cara a cara sus presupuestos, identificar aquellos rubros que al momento no son prioritarios y reprogramar los gastos, transferir recursos entre cuentas y evitar el colapso financiero de la universidad ecuatoriana.