Mineros ilegales no dejan de burlarse del Estado

CONSECUENCIAS. Entres los comuneros de an Agustin y Nueva Esperanzo, en Eloy Alfaro se evidencia que muchos tienen problemas en su piel. La gente lo asocia el problema con la actividad minera.
CONSECUENCIAS. Entres los comuneros de an Agustin y Nueva Esperanzo, en Eloy Alfaro se evidencia que muchos tienen problemas en su piel. La gente lo asocia el problema con la actividad minera.

Desde 2011 se siguen acciones legales para frenar la minería; todo sigue igual. Los peces mutaron por la contaminación.

El Gobierno Nacional mira para muchos lados, pero poco, muy poco hacia la frontera norte. El 27 de enero del 2018 los terroristas atentaron con explosivos contra el cuartel policial de San Lorenzo. Después secuestraron y mataron sin piedad a civiles y militares.

En respuesta, desde el Estado le aseguraron a los sanlorenceños y a los vecinos del cantón Eloy Alfaro, que no solo atacarían de frente a los terroristas, sino que le solucionarían lo que se cree es la razón para que los lugareños se vayan con ilegales: el crecimiento de las necesidades básicas insatisfechas.

Ya pasaron dos años tres meses del atentado y el acceso al agua potable, alcantarillado y fuentes de trabajo siguen siendo un pedido recurrente. Antes del atentado al cuartel, los fronterizos, la mayoría afroecuatorianos, ya ‘danzaban’ con los ilegales, por cuanto las fuentes de trabajo generadas por el Estado, municipios, palmicultoras y la agricultura no cubren la demanda.

Sin respuestas

El trato no consiste en transportar droga, sino darle vida con mano de obra barata a los frentes mineros (50) a cielo abierto donde están al menos 12 personas y una retroexcavadora. La operatividad de la maquinaria los lleva a otra ilegalidad, darle mal uso al combustible subsidiado por los ecuatorianos.

La modalidad de transporte es llamada en la zona como ‘hormiga’. Consiste en que los comuneros vayan con pequeñas canecas hasta las estaciones de servicio y la lleven al lugar de trabajo. En caso de encontrarse con los militares, la excusa en sencilla: “la usaremos para temas agrícolas”.

¿Qué tipo de controles realiza la Fuerzas Armadas para frenar la minería en la zona norte? ¿cómo se controla la modalidad ‘hormiga’ que usa la gente para transportar el combustible hasta los frentes mineros? ¿cuántos frentes mineros tienen detectados en la zona norte? ¿durante la Emergencia Sanitaria generada por el Covid siguen funcionando esos lugares?

¿de qué depende generar un nuevo operativo de impacto para acabar la actividad minera ilegal?

Fueron esas las preguntas que La Hora hizo a los de la Fuerza de Tarea en Esmeraldas a través de su equipo de Comunicación, pero hasta ayer, no se obtuvo respuestas. Los que sí hablan del tema son las 15 organizaciones que se unieron para luchar frontalmente contra la minería ilegal.

32 ríos contaminados

Afirman que las ríos de las comunidades: ‘Minas Viejas’, ‘Las Ceibas’, ‘Durango’, ‘San Francisco de Bogotá’, ‘Santa Rita’, todos en San Lorenzo, están contaminados con mercurio, uno de los metales usados para extraer el oro, el que hasta viernes, 8 de mayo, se pagaba en 1,76 dólares la onza, según lo publica en su web la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

Las comunidades afectadas por la minería no cuentan con agua potable.El investigador y catedrático, Eduardo Rebolledo analizó entre el 2011 y 2017 los ríos hacia donde desembocan las descargas de la actividad minera. Determinó que seis tipos de metales pesados predominan en 32 ríos, esteros y piscinas creadas por los mineros.

En el libro ‘Peces’, publicado en 2015 se revela entre las 400 páginas que los especies acuáticas de la zona “mutaron por tanta contaminación”.

En otro texto lanzado en 2019: ‘Extractivismo, (NEO) Colonialismo y crimen organizado en el norte de Esmeraldas’, de 370 páginas, se precisa que el 150% del ecosistema está destruido; el 90% de los ríos contaminados con materiales relacionados afines a minería y la pamicultoras, que hay tráfico de personas, pueblos con miedo y sin la voluntad de reaccionar.

El dinero que mueve la minería

Uno de los lazos que une a los comuneros de la zona norte de Esmeraldas con los inversionistas mineros, es la pobreza. Entre los 50 frentes mineros se estima que trabajan unas 600 personas: unos en las maquinarias pesadas, otros transportando el combustible, se suman los capataces, obreros y operadores de las zarandas separadoras de oro; el mejor sueldo no supera 1.200 dólares mensuales.

Una zaranda y un motor están valorados en unos 10 dólares; el que la alquila equipo cobra el 15% de la producción de oro, es ahí una de las razones por las que los lugareños pasaron de ser mineros artesanales para solventar el consumo familiar a dependientes de los empresarios que trabajan en la ilegalidad.

En 2011 se los defensores de la naturaleza y la vida presentaron una acción legal para frenar a la minería. La ampliación de las medidas cautelares Nº 08256-2011-0058 de 2011, en agosto de 2018 tuvieron un espaldarazo.

Prohibiciones

El Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, determinó que toda la minería: legal e ilegal, quedaba prohibida en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.

La razón para ese fallo es que el 80% de los ríos están contaminados con metales pesados y substancias tóxicas provenientes de la actividad minera. 21 meses después, los mineros siguen ahí, sacando oro, lanzando químicos al río, mientras el Gobierno a través de sus entes de control: ministerio del Ambiente, Gobierno, Senagua, Arcom y Fuerzas Armadas, miran para otro lado.

Con la emergencia Covid aumentaron la producción

En un monitoreo comunitario hecho entre 26 de marzo y 1 de abril, los pobladores locales, mediante llamada telefónica, informaron que hasta esa fecha, los frentes mineros siguen actuando cerca de los ríos de las comunidades de San Francisco de Bogotá, Santa Rita, Carondelet, Concepción.

Los representantes de 15 organizaciones hicieron eco e hicieron la denuncia pública, para que Fiscalía actúe “lo que significa que deben iniciar de oficio y sin ninguna dilación las acciones de control, investigación y sanción correspondientes”, lo precisan los ambientalistas.

A los Comités de Operaciones de Emergencias (COE), les piden que actúen en territorio, ya que el aumento de la actividad minera se contrapone a las normas sanitarias vigente y pone en riesgo la posibilidad de propagar el coronavirus en la frontera norte.

‘Faltan sanciones’

No existe minería amigable con el ambiente por la ausencia de sanciones administrativas, civiles y penales ejemplarizadoras para los causantes de los daños ambientales a causa de las actividades mineras que operan en la zona norte de Esmeraldas.

Es evidente que el lavado de activos provenientes de las actividades ilícitas como la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, generan un escenario de ilegalidad en las inversiones mineras, por consiguiente, estas no son ni serán amigables con el ambiente ni con la conservación y preservación de la naturaleza.

Según la indagación que hemos realizado a varios trabajadores de las mineras, manifiestan que no es tan rentable la actividad en la zona. De allí que, nos nace la interrogante, ¿por qué siguen invirtiendo capitales en la minería en la zona norte de Esmeraldas?

Además, las empresas operadoras de la actividad minera, de ser el caso, si desarrollaran su labor con todos los estándares ambientales correspondientes, éstas saldrían en contra, es decir, la inversión operativa sería más elevada que la producción de oro.

Hasta el 2019, dicho por Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, que la Coprosan, dueña de 38 mil hectáreas de concesión de Minería metálica en el norte de Esmeraldas, le debía al Estado más de 500.000 dólares en impuestos; esto, claramente nos demuestra y evidencia que la actividad minera no es tan rentable en la zona, pero en cambio, si en un escenario propicio para el lavado de activos por la falta de todos los controles respectivos a la actividad y empresas mineras.