Atravesamos una hecatombe económica. Expertos opinan: «La mayoría de las economías tardarán 3 años en regresar a los niveles de producción que tenían antes», apunta la consultora Ihs Markit. El virus chino «va a provocar una recesión superior a la de 2008», advierte Guillermo de la Dehesa.
La crisis del 2008, todavía empobrece a millones de personas. Recién en un año, se prevé el contagio de entre el 40 y 70% de la población, según Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard. Estamos ante una recesión global. Varios países han asumido reales políticas de apoyo: Italia suspendió el pago de impuestos y deudas. EEUU redujo los intereses, casi a cero. Francia insta a congelar la deuda de países afectados.
Otros, distienden la política fiscal, por la caída económica. En Ecuador la situación es catastrófica, porque antes de la crisis, dilapidaron recursos públicos, destruyeron emprendimientos con excesivos requisitos, crearon instituciones innecesarias, mantienen salarios superiores a $2.000, para una burocracia improductiva y corrupta, mientras el pueblo sobrevive con $90 al mes, lo cual genera una situación calamitosa, de la que quizá nos recuperaremos en 5 años. Dadas las circunstancias, debemos insistir que se aplique el principio jurídico: «No se puede exigir una obligación que se incumple por fuerza mayor».
En tal razón, las deudas deben congelarse; ampliarse a 5 años el plazo para pagarlas; suspenderse el cobro de intereses; interrumpirse la prescripción. Por sentido común, deben suspenderse por 5 años los juicios coactivos, ejecutivos, remates, cobro de deudas, hasta que se recupere la economía; caso contrario, irrogarán superposición de perjuicios, al caso fortuito provocado por el virus chino que generó la pandemia. La economía no se recupera cuando se levanta el estado de excepción; por tanto, no se han adoptado medidas adecuadas en cuanto a plazos e intereses, para evitar quiebra de negocios, destrucción de familias que dependen de medianas unidades productivas, y el empobrecimiento generalizado.