Terminó la Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional sobre el recorte de presupuesto a universidades

La jueza ponente debe elaborar un informe sobre el caso y presentarlo en el Pleno de la Corte, dónde se tomará la decisión final.

Pasadas las 17:00 de este 28 de mayo, la jueza constitucional, Carmen Corral Ponce, dio por finalizada la audiencia pública contra el recorte de 98 millones de dólares a las universidades públicas del país.

Corral concedió 72 horas para legitimar las intervenciones de las partes dentro del caso N° 34-20-IS y acumulados.

Desde la mañana, los magistrados del tribunal escucharon las comparecencias de representantes del Ministerio de Finanzas, autoridades de las instituciones de tercer nivel y estudiantes.

Plantón

Aunque la audiencia se realizó de forma telemática, los miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) llegaron a las 09:00 a las afueras de la Corte Costitucional y realizaron un platón.

Christian Flores, presidente de la FEUE, dijo que con esta acción la Corte y el Estado verán que la universidad pública se encuentra vigilante de su accionar.

Flores dijo tener esperanza de que la CC de un fallo a favor de las universidades y reiteró que los fondos siempre son entregados de forma tardía.

Argumentos

Johanna Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, dijo que el Estado no ha actuado de manera inconstitucional ya que El estado de excepción no suspende el ordenamiento ordinario de las finanzas públicas. «Tanto el Presidente como los ministros han obrado con apego a las competencias constitucionales”, indicó.

Los $98 millones están destinados al pago de sueldos de docentes y personal administrativoMientras que José Correa, representante de la Universidad Técnica de Machala, manifestó que la reducción presupuestaria impacta en la calidad de la educación. Un argumento similar mantuvieron los otros representantes de las instituciones públicas quienes también destacaron que la Constitución prohíbe el uso de fondos de educación y salud en estado de excepción.

Ante esto Gonzalo Lascano, director jurídico del Ministerio de Finanzas, dijo que las demandas son improcedentes. “No se ha tomado los fondos de la educación para financiar gastos”, explicó y detalló que no se trata de un recorte, sino de una revisión del presupuesto que es un proceso técnico, el cual se contempla en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) .