Los allanamientos generan gran expectativa, pero tomaría al menos ocho meses tener un dictamen.
Son 45 los casos que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre corrupción durante la emergencia sanitaria. El miércoles, la Fuerza de Tarea en la que colaboran el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizó 37 allanamientos donde se detuvo a 17 sospechosos, entre estos, el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.
Aunque, mediáticamente, estas acciones se han presentado como un ‘gran golpe’ a la corrupción, no son ni siquiera la punta del iceberg. “Fueron únicamente arrestos momentáneos con fines investigativos. Para que un proceso penal tenga una sentencia deben pasar al menos ocho meses, según los plazos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señala el abogado Macelo Capuz.
A esto se debe sumar los recursos de apelación de los indagados y la carga laboral que la emergencia puede significar para el sector judicial. Además, los casos de Morales y Bucaram dejaron de seguir una misma línea, luego de la audiencia de formulación de cargos. (AVV)
Grillete para Carlos Luis Morales
Luego de seis horas de audiencia de formulación de cargos en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el juez dictó medidas alternativas: prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso del dispositivo de vigilancia o grillete electrónico.
En este caso, explica el penalista Nicolás Salas, la Fiscalía tendrá 90 días de investigación para sustentar el caso. Después de eso, se decide si hay o no acusación y así pasar a una audiencia de evaluación y preparación de juicio que no tiene un plazo de tiempo fijo.
Luego de esa audiencia se decidirá si el prefecto del Guayas va a juicio, lo que tomaría dos meses más. “Yo estimo que hasta una sentencia de primera instancia podrían pasar unos seis u ocho meses”, indica Salas.
Para que esta investigación no termine archivada ni en la impunidad, la Fiscalía deberá hacer una experticia de contratación pública que determine, primero, el monto del eventual prejuicio y las irregularidades que hubo en la contratación.
“De lo que se conoce, es que sí habría una responsabilidad o al menos conocimiento previo del Prefecto respecto a esos contratos”, pero eso también tendría que demostrar la Fiscalía. Si es así, comenta Salas, podría ya configurarse el delito de peculado.
Salas señala que para Morales los plazos ya no son tan amplios como los de otras investigaciones. “La Fiscalía puede investigar una denuncia por uno hasta dos años, dependiendo del delito. En este caso no funciona así, porque la persona ya fue procesada”.
“Debemos tener conciencia de que la justicia funciona como un engranaje. En este caso, los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía: los casos de corrupción son tratados de una manera distinta. La prisión preventiva debe ser aplicada en casos de corrupción», Diana Salazar, Fiscal General del Estado.
Salazar critica a jueces
No es la primera vez que Diana Salazar, fiscal general del Estado, expresa su descontento ante el actuar de los jueces.
La mañana de ayer, a través de un comunicado, señaló que a pesar de que la institución justificó la solicitud de prisión preventiva contra ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, Morales, el juez a cargo emitió medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el dispositivo de vigilancia.
“Desde Fiscalía nos sentimos satisfechos con el trabajo, pero el mensaje que estamos dando es que la lucha contra la delincuencia se da solo desde una arista y debería ser integral», dijo la Fiscal, quien destacó que en los casos de corrupción la prisión preventiva debería ser la única medida para así evitar que los implicados se fuguen.
Salas coincide en que por la investigación a la Prefectura del Guayas, era válida la prisión preventiva; sin embargo, las fallas en el ‘engranaje’ de la aplicación de la justicia no recaerían únicamente en los jueces. “A veces la Fiscalía por hacer investigaciones de forma apresurada, por dar un golpe mediático, inicia investigaciones de la noche a la mañana sin todos los elementos”, agrega Salas.
Estos antecedentes ayudarían a que los implicados logren tener más elementos para su defensa y sean exculpados.
Bucaram, posible sentencia menor a un año
El proceso judicial al expresidente Abdalá Bucaram se inició por tenencia ilegal de un arma de fuego. “Y tendrá que iniciar y terminar por ese delito”, dice Capuz.
Esto ha causado confusión ya que Salazar afirmó que la detención se hizo por haber encontrado insumos médicos relacionados a la trama de peculado y tráfico de influencias del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil.
Durante una entrevista, la Fiscal dijo que se trata de dos casos: “uno por el arma encontrada en su casa y otro por delincuencia organizada en la compra de insumos médicos”.
“Tal vez no hubo suficientes indicios y estén recabando más pruebas para iniciar un proceso relacionado a los delitos de corrupción, adicional al caso del arma”, añade Capuz.
Esto justifica que al exmandatario se le haya dictado arresto domiciliario, ya que no puede haber prisión preventiva cuando el delito contempla una pena menor a un año, que además podría reducirse, si se comprueba que el arma tenía permiso, que no disparaba u otros elementos que puede presentar la defensa.
Etapas del proceso penal
Implicados en casos de corrupción
- Investigación previa: contempla allanamiento, detención, formulación de cargos.
- Instrucción fiscal: puede ampliarse hasta 120 días y comprende la investigación de fondo.
- Preparación y evaluación de juicio: Fiscalía tiene seis meses para emitir un dictamen.
- Etapa intermedia: si el juez encuentra suficientes indicios puede llamar a juicio; si uno de los investigados está prófugo, el juicio no puede inciar.
- Etapa de juicio: escucha a las partes, emite sentencia y tiene 10 días para notificarla por escrito.
- Sentencia en firme: las penas deben ser ratificadas por otros tribunales, se presentan recursos de nulidad, apelación y casación.