El organismo analizó la posibilidad de iniciar acciones legales que lleven a la destitución de Pablo Celi.
El escenario para una posible destitución del Contralor General del Estado, Pablo Celi, fue planteado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a una supuesta intromisión del funcionario en un proceso electoral. Sin embargo, esto no sería tan fácil.
El constitucionalista Ismael Quintana explicó que el CNE no tiene atribuciones constitucionales para ello; sin embargo, aclaró que sí podría impulsar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que este sea el organismo jurisdiccional que tome la última decisión sobre Celi.
Si la intención es ‘volar la cabeza’ del funcionario, dijo, el camino será tortuoso para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero. “El Contralor no ha incurrido en alguna de las infracciones electorales tipificadas en el Código de la Democracia. Como no hay infracción electoral no habría cuestión sobre la que el TCE se pueda pronunciar”, explicó.
Discute la sanción
El consejero Cabrera rechazó la acción de la Contraloría. Dijo que la entidad sí busca inmiscuirse en competencias exclusivas del Pleno del CNE, al intentar modificar sus resoluciones.
Cabrera, la consejera Esthela Acero y Atamaint, fueron notificados el lunes por la Contraloría, con una predeterminación de responsabilidades administrativas con destitución y multa, por el incumplimiento de recomendaciones que hizo la institución sobre la legalidad en la inscripción de los movimientos políticos Justicia Social, Libertad es Pueblo, Podemos y Fuerza Compromiso Social.
$7.880 es la sanción económica que podría recaer sobre los consejeros cuestionadosCabrera dijo que si se debe imponer una sanción, debería recaer sobre los funcionarios del CNE que aceptaron la inscripción de estos movimientos, en declaraciones para Radio Sucesos.
Pero Quintana cree que esto no es así. Explicó que la acción de la Contraloría recae sobre “incorrecciones administrativas” del órgano electoral y no sobre exfuncionarios. “No podemos emprender una cacería de brujas”.
Cumplimiento de recomendaciones
Según el consejero Cabrera, la primera recomendación que llegó desde la Contraloría – verificar la legalidad de los cuatro movimientos políticos- sí se cumplió. Indicó que el Pleno, con su voto, el de Atamaint y el de Acero, aprobaron los informes jurídicos que avalaron la participación de estos grupos. En esa sesión, el consejero Enrique Pita se abstuvo y Luis Verdesoto no asistió.
Sobre esta aprobación, el contralor Celi se pronunció el último viernes y dijo que “compromete a los miembros del Pleno del CNE que con su voto posibilitaron resoluciones”, para que los movimientos cuestionados continúen inscritos con personería jurídica en el registro electoral permanente. (FLC)