En la actualidad el mundo atraviesa una crisis sanitaria que ha permitido evidenciar el abandono histórico de diversos grupos sociales en el país. Normalmente, hablar de impactos personales, familiares y comunitario en el territorio; nos obliga a reflexionar sobre la situación del Pueblos y Nacionalidades en tiempos de pandemia. No hay que olvidar que el mayor miedo de las pandemias, es la crisis económica, que trae consigo el colapso del sistema de salud; sistema que en el Ecuador está en crisis desde hace muchos años. Así que más que querer disminuir la cantidad de muertos y demás, debemos de pensar, ¿cómo las instancias institucionales, gubernamentales y demás, van a fortalecer el sistema de salud, ¿cómo va el gobierno ha garantizar los derechos fundamentales de nuestras comunidades representadas en esas grandes minorías…
La sociedad cumple un papel trascendental en este tipo de situaciones, pero está prohibido, cruzar la estrecha línea de minimizar nuestra realidad con respecto al alto riesgo de contagio, y cuando la situación refleja que administrativamente la distribución de los recursos para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones públicas, en temas de salud no llega equitativamente a muchos territorios. Consecuentemente las políticas de prevención, control y la respuesta oportuna no se aplica de manera universal, sino selectiva y esto es gracias a la desigualdad social del país.
No obstante, no podemos ignorar las realidades que viven muchas familias, entorno a su situación económica, los problemas intrafamiliares, los habitantes en situación de desempleo y demás particularidades que no dejan definir el impacto de la pandemia como “no igualitario” y que a veces no lo alcanzamos a imaginar.
Todo esto bajo el contexto de creer que las personas más afectadas por el Covid-19 son los ancianos o los enfermos; cuando es evidente que las personas que más van a sufrir en esta pandemia son las personas de estrato 0, 1 y 2, los vulnerables financieramente y que no cuentan con un buen acceso en salud, educación o vivienda. Por ellos el Estado, está obligado a generar verdaderas políticas públicas de prevención social.