A fines del siglo anterior se hablaba sobre ‘el hombre del maletín’, una persona que compraba votos de diputados para una ley o juicio político; se denunciaba que en el congreso se repartían partidas presupuestarias, manejadas por redes como la de Peñaranda, que coimaban a legisladores; un vicepresidente afirmó que había usado gastos reservados para pagar a diputados y periodistas, porque de otra manera el país era ingobernable; Baltasar Garzón relata sobre una entrevista con el capitán Montesinos, director de la inteligencia política peruana, en la que éste declaraba haber pagado a diputados ecuatorianos para que voten a favor de la paz, en 1998; tantos casos como estos llevaron al desprestigio de la clase política y al discurso exaltado de jóvenes que querían enrumbar al país por rutas de transparencia y honestidad.
Con estos antecedentes, Rafael Correa llegó al poder con la oferta de una ‘Revolución Moral’. Diez años después de un gobierno atrabiliario, hoy enfrenta denuncias y procesos legales por actos de corrupción y crimen organizado; asume después la presidencia Lenin Moreno, que promete al país una cirugía mayor contra este mal endémico, pero a los tres años de su gobierno se ha destapado un escándalo de proporciones insospechadas, sobre listas de puestos exigidos y cuotas de poder entregadas a asambleístas para familiares y amigos en embajadas, distritos ministeriales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Agencia Nacional de Tránsito, empresas públicas, organismos de control y, lo que es incalificable, en hospitales y otras entidades sanitarias.
Como lógica consecuencia del infame reparto, se conoce ahora, por denuncias que investiga la justicia, de supuestos negociados aborrecibles que se desataron con motivo de la pandemia que tanto dolor está ocasionando a las familias ecuatorianas. Presuntamente robaron en la compra de medicinas, de pruebas para la COVID, de implementos de protección y hasta de fundas para recoger los cadáveres. ¡Hasta dónde puede llegar la avaricia y apetito de riqueza!
Reclamaba Adela Cortina, al referirse a la “Miseria de los pobres, a los que se ha robado unos bienes que, por ser sociales, son también suyos”, “una ética pública que, gracias a los oficios de los mafiosos parece imposible y, sin embargo, es necesaria”. En el caso ecuatoriano, indispensable, urgente, inaplazable, a la que solamente se puede llegar por la persecución implacable y sanción ejemplificadora a los mafiosos que han depravado la política nacional.
Paco Moncayo