La muerte de un político, y más aún cuando está ejerciendo un cargo de elección popular, indudablemente que trasciende. Al fallecer Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, aparecieron, especialmente en las redes sociales, duras críticas a los periodistas, acusándolos por poco de ser los autores intelectuales de su muerte, por el supuesto linchamiento al que dicen fue sometido el fallecido Prefecto. ¿Linchamiento? ¿Acaso la prensa no solamente tiene el derecho, sino el deber de investigar posibles actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado? ¿Acaso no hubo serias y fundamentadas observaciones a los procesos de contratación en la Prefectura del Guayas, reconocidas por el propio Morales, que inclusive presuntamente involucraban a su esposa y a sus hijastros? ¿Qué hubiese sido del corrupto expresidente de Estados Unidos Richard Nixon, si el Washington Post no revelaba el escándalo Watergate? Por supuesto que la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales de la persona, y quien pretenda desvanecerla debe probar la culpabilidad ante un juez, respetando el debido proceso y agotando todas las instancias; pero quienes por decisión propia se dedican a la política, de alguna manera renuncian a su privacidad, y sus actividades están sujetas al escrutinio ciudadano, más aún cuando ejercen un cargo que implica el manejo de recursos económicos que nos pertenecen a todos. En consecuencia, cuando existe una sombra de duda sobre la correcta actuación de un funcionario público, le corresponde a este desvanecerla, ya que en sus manos la ciudadanía ha depositado su confianza para la correcta utilización de esos dineros. ¿Nos habríamos enterado del festín pestilente de las compras públicas de insumos médicos para la pandemia, de no haber sido por el trabajo de la prensa? Como a los corruptos les sobra ingenio, hoy el escándalo es otro: la obtención de carnés de discapacitados por parte de algunos asambleístas y altos funcionarios, para poder importar vehículos de alta gama exonerados de impuestos. ¿Será que también escucharemos voces acusando de “linchamiento” a quienes han denunciado estas trapacerías?
