Ordenanza con tufo a orín

Contra el anterior período municipal, sectores y entidades que prestan atención a la salud en el Cantón Ibarra, mantuvieron una porfiada lucha frente a la administración dirigida por el ex Alcalde Ing. Álvaro Castillo, cuando se creó una ordenanza que determinó cobrar cifras ponderadas por el transporte de los desechos hospitalarios que no tenía nada de particular que pruebe el pretendido cobro. La ordenanza quedó insubsistente.

Al parecer las instituciones públicas y privadas siempre estuvieron en los ojos matemáticos y desorbitados que sin estar en tiempo de pandemia, avistaron a esa ocupación como fuente a la que hay que arrancar favores propios en unos casos, y en otros, como bienquistos aportantes a los erarios seccionales y para las rentas que percibe el Estado.

En los actuales momentos, instituciones y ciudadanos que contribuyen a las arcas municipales, experimentan un inusual asombro que les lleva del susto al desconcierto, al enterarse del valor que tienen que ingresar por las patentes de funcionamiento de sus establecimientos por el año 2020.

Un caso concreto es el rembolso que deben hacer las Unidades de Diálisis asentadas en Ibarra, cuando encuentran una exagerada diferencia con el valor pagado por el mismo ejercicio en el año 2019. Estas casas de salud mantienen un tarifado nacional desde el 2012, mientras los parámetros de requerimientos del Ministerio de Salud son más exigentes, de rigurosos estándares y constantes verificaciones. El servicio de estas clínicas se dignifica con una envestidura humana que alivia a madres con muchos hijos, adultos mayores del norte ecuatoriano a quienes dedican atención integral.

El porcentaje a la patente municipal ha sido elevada en un 150 por ciento; de 2.200 dólares que pagaron el año pasado, actualmente tienen que cumplir con 8.538 dólares americanos. Posiblemente la elevación se deba a alguna ordenanza o a la revisión de la tabla impositiva, lo cierto es que debilitadas estas organizaciones por el incumplimiento del Estado y del IESS, se obligan a suprimir el transporte y alimentación a sus dolientes usuarios, erogaciones que lo hacían por amor al prójimo. Ideal sería una reconsideración a este tributo.