La administración como concepto tácito, plantea como su objetivo principal el optimizar recursos de forma estratégica para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo. En este proceso, una buena parte de la gestión radica en la organización de funciones.
Para administrar de la mejor manera, se debe adjudicar responsabilidades entre las personas que llevarán a cabo distintas tareas dentro de una pequeña, mediana o gran empresa. Este concepto, puede ser extrapolado a entes jurídicos diversos, inclusive de mayores dimensiones como el caso del estado.
Se puede concluir que todos los miembros del estado ecuatoriano deben tener funciones claves en el proceso de gestión de recursos, ya sean financieros, humanos o naturales. Ante esto, no es posible que en Constitución no asigne funciones estratégicas a la vicepresidencia de la República.
No puede ser decisión de la máxima autoridad del ejecutivo el delegar tareas, cuando por elemental lógica las competencias del vicepresidente deberían ser estructuradas en temas claves de la gestión estatal. Como ciudadanos, debemos exigir al gobierno y a las autoridades que se enmiende este aspecto clave, que no permite el adecuado manejo del país. A menos de un año de elegir nuevas dignidades, es preponderante que se manejen de manera responsable los recursos estatales, pues el futuro de todo un país depende de las decisiones a nivel financiero que se tomen sobre las empresas públicas y sobre los recursos estratégicos del país.
Un camino adecuado podría ser gestionar un sistema arancelario que permita tener competitividad a nivel internacional, y que desarrolle un valor agregado en el PIB a la importación de materia prima y procesada, sin olvidar la meta a largo plazo que radica en la industrialización y en la llegada de inversión extranjera, no para exportar materia prima, sino para darle un valor agregado.