De los 6.000 carnets de discapacidad emitidos en la emergencia sanitaria, 210 fueron otorgados de forma fraudulenta.
La discusión sobre las presuntas irregularidades en la emisión de carnets de discapacidad se trasladó a la Asamblea Nacional.
Esta vez, quien fue convocado para aclarar las circunstancias en que se dio este escándalo, fue el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Lo hizo ayer ante la Comisión del Derecho a la Salud.
El funcionario reconoció que en la revisión del sistema informático en línea, que se utilizó para tramitar el documento, se detectó que los funcionarios no eran acreditados y tampoco tenían perfil de calificadores de discapacidad. Además, no encontraron documentos que respalden los diagnósticos.
Otras de las irregularidades identificadas fue que los porcentajes de discapacidad asignados a los beneficiarios, no guardaban relación con los exámenes complementarios ni tampoco con los certificados médicos.
Zevallos señaló que quienes determinaban el tipo de discapacidad lo hacían en ámbitos que no eran de su competencia, es decir, un psicólogo podía calificar también una discapacidad física, por ejemplo.
Para la asambleísta Elizabeth Cabezas, las autoridades deberían investigar si hubo entregas de dinero por estos “favores” para alterar los datos. Ella tiene la certeza de que lo que ocurría en el Ministerio de Salud no era gratis.
“Estamos viviendo una orgía de corrupción. No quiero deslindar la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública”, dijo Zevallos.
Iirregulares
Pese a que la cúpula del Ministerio de Salud dispuso la suspensión de consulta externa durante la emergencia sanitaria, la institución emitió 3.000 carnets de discapacidad. De estos, 210 fueron entregados de forma fraudulenta, 1.140 están dentro de la categoría de proceso de anulación y otros 1.650 en anulación, según Zevallos. Por ello, 22 funcionarios de dicha cartera de Estado son investigados.
Esto sería la punta del ‘iceberg’. La auditoría determinó, además, que los 22 implicados también intervinieron en la emisión de otros 2.454 carnets entregados antes de la pandemia y podrían ser anulados.
La exdirectora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y hoy vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, aseguró ante la misma Comisión de Salud, que ese organismo advirtió en julio de 2019 sobre un inusual incremento de importación de vehículos con carnets de discapacidad.
Zevallos, aseguró que antes de su gestión esa cartera de Estado efectuó otras auditorías sobre estas anomalías, pero dijo desconocer cuáles fueron sus resultados.
Mano dura
La asambleísta Patricia Enríquez le pidió al Ministro que actúe con mano dura para frenar a lo que ella considera como una “mafia” que opera dentro de la institución, de la que se habrían beneficiado altos funcionarios públicos.
El Ministerio de Salud ha presentado 31 denuncias ante la Fiscalía por estos hechos.Al respecto, Cabezas recordó que los tentáculos de esta red no solo alcanzarían al Legislativo, sino que también son mencionados 437 trabajadores de la Función Judicial.
El 2 de julio pasado, mediante su cuenta de Twitter, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se dispuso una investigación para determinar qué operadores de justicia se hicieron fraudulentamente de estos documentos. Incluso ofreció a la ciudadanía dar el listado de esas personas; sin embargo, desde ese organismo no se ha hecho público ningún nombre. (FLC)
Control social
Organizaciones de personas con discapacidad instaron a las autoridades a permitir que una veeduría ciudadana también intervenga en la vigilancia de estas auditorías. La Asamblea Nacional habilitó un link para llenar un formulario y poder seguir de cerca la fiscalización que se hace a la obtención de los carnets de discapacidad.