¿ Quién pone orden ?

AGO, 09, 2020 | - Por ALFONSO ESPIN MOSQUERA

Todos tienen razón frente al problema de la educación: los padres que efectivamente han perdido sus trabajos o han tenido reducciones de sueldo, o sus ingresos provenían de actividades que, hoy por hoy, están muy exiguas o no van más, no pueden pagar como lo hacían antes, y ante estas circunstancias, las instituciones educativas, por un hecho de humanidad ante la tragedia del desempleo o la rebaja de salarios, más allá de lo que contempla la Ley Humanitaria, deben estar abiertas al diálogo y acuerdos con los progenitores en desgracia, por el bien de sus hijos.

Con seguridad muchos colegios sí han tomado este camino y se han ajustado también en favor de las familias con problemas financieros, después de tantos meses de para económica.

Pero, así como las instituciones chicas y medianas han entrado en esta senda, hay colegios, al parecer, con patente de corso porque a nombre de ser emblemáticas y proveer una educación de calidad, han informado a sus “clientes” que no bajarán un centavo las pensiones, y por tanto la decisión está en los padres para buscar establecimientos de menor valor.

El ministerio dice que familias e instituciones educativas lleguen a un acuerdo, disposición que al parecer ha sido a discreción, pues varios establecimientos, de los más costosos o renombrados de la capital, han oficiado ya a los padres de familia la negativa a este pedido.

El problema está para las instituciones menores que no siendo tan famosas, entran en un estado de indefensión camino a la quiebra, pues nadie regula seriamente sobre su situación y, aunque también hacen inversiones en mobiliarios, pago de docentes, generación de actividades laborales indirectas, por transportes, proveedurías varias, en muchos casos no logran cobrar las pensiones, porque a nombre de la crisis los padres o no tienen o no quieren cancelar y no hay santo que les conmueva.

La reglas deben ser claras y para todos los colegios, sin excepción: insignes, célebres o no, porque la pandemia y su consecuente desastre económico no hace miramientos, y el Estado debe precautelar a los educandos, por sobre cualquier circunstancia y también a las instituciones que de buena fe tienen intención de acuerdos; pero, como es lógico, necesidad de seguir operando, de lo contrario los más perjudicados serán los niños y jóvenes, cuyo estatus socioeconómico no les da para colegios muy costosos, y que han encontrado en un segmento más modesto de la educación privada, un espacio serio y propositivo para su formación.

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