Solo el 13% de los jóvenes tienen un trabajo formal, en el que ganan más $400 mensuales.
Desde 2014, con la implosión del modelo de excesivo gasto público, alimentado por los altos precios del petróleo y el creciente endeudamiento, comenzó el deterioro de las oportunidades laborales para los jóvenes en el país.
Antes de la pandemia, cada año, hasta 2019, alrededor de 108.000 personas -entre 18 y 29 años- pasaron a la informalidad. Es decir, antes de la crisis actual ya había más de 1,6 millones sobreviviendo con menos de $400 (Salario Básico Unificado) y ningún beneficio de Ley, como la afiliación a la Seguridad Social.
Además, en ese mismo periodo, el número de desempleados pasó de 150.000 a más de 300.000. Es decir, entre 2014 y 2019 casi 2 millones de jóvenes ‘navegaban’ entre la precariedad y la ausencia completa de fuentes de ingreso y desarrollo.
Cifras alarmantes
La actual crisis, derivada de las restricciones impuestas para frenar la propagación del Covid-19, profundizó los problemas y aceleró la caída del mercado laboral juvenil.
Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, con corte al 30 de junio 2020), cinco de cada seis jóvenes, es decir, 2’693.257 están desempleados o con un trabajo inadecuado.
Roberto Escobar, de 20 años, no ha ingresado a la universidad. En los últimos dos años ha tenido varios empleos ocasionales, en ventas, carpintería y manejando un taxi. La crisis redujo a cero sus posibilidades de sustento en su reciente emprendimiento de venta de empanadas y jugos, en los alrededores de una institución educativa.
“La situación siempre ha sido difícil, pero ahora es más. Ni siquiera una titulación tecnológica es posible cuando tienes que pensar todos los días en conseguir recursos, al menos, para la comida”, contó.
Otro dato que desnuda la realidad es que, desde 2014, el empleo adecuado pasó del 49% al 13,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Bajo crecimiento e inflexibilidad
Con la caída del precio del petróleo y el sobreendeudamiento, el Estado ya no pudo mantenerse como el principal empleador de los jóvenes. Diego Olmedo, analista económico, explicó que durante el Gobierno de Correa aumentó el gasto público del 20% a más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Eso era claramente insostenible, porque ese gasto no se basaba en más productividad. Cuando la economía se comenzó a desacelerar, el Estado dejó de ser el gran empleador; pero al ir al sector privado, las oportunidades no eran mayores”, acotó.
Entre 2007 y 2013, casi el 60% del empleo joven se sustentaba en el sector público, tanto nacional como local.
Posibles salidas
A corto plazo es poco lo que se puede hacer para revertir el deterioro. Según Olmedo, una alternativa sería dar incentivos o exenciones tributarias a las empresas. Sin embargo, lo de fondo es una reforma integral e incluso la derogatoria del Código Trabajo, que data de 1938.
Mario Cuvi, decano de la facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad Ecotec, afirmó que “el sistema laboral es rígido y demagógico”. Entre los cambios que propone, junto con el Foro Libertad y Prosperidad, están permitir todas las formas voluntarias de contratación que no atenten contra los derechos humanos, como contratos permanentes por horas, a plazo fijo y por proyecto.
El 75% de los jóvenes, entre 18 a 29 años, en Quito tiene un empleo inadecuado o está desempleado. El porcentaje sube al: 78,6 en Guayaquil.Por otro lado, también se piden mejorar los contratos para personas sin experiencia, en calidad de aprendices o pasantes. En concreto que, en el primer año -cuando se está aprendiendo- se un salario menor al mínimo, como incentivo, para que pueda ingresar al mercado laboral
Finalmente, el colectivo afirma que las jornadas laborales y la política salarial deben estar atados a la productividad real y no a las decisiones políticas. (JS)