Durante este siglo, la mayoría de las elecciones en Ecuador se llevaron a cabo a la sombra los ausentes. Por más de una década, el expresidente Abdalá Bucaram estuvo impedido de participar y flotaba en el aire la pregunta acerca de qué tan bien le hubiera ido con la siguiente generación de líderes de masas. En 2006 se le impidió al expresidente Lucio Gutiérrez participar y su partido sufrió un riguroso bloqueo mediático; pese a ello, alcanzó el tercer lugar. Luego, en diferentes procesos, persistía la duda sobre qué hubiese pasado si la oposición se hubiese aliado bajo Jaime Nebot como candidato único.
Rafael Correa y sus sucesivas victorias resolvieron toda duda, pero incluso así perduró la sospecha. Solo el tiempo ha permitido comprender el poder que tenía el aparato oficial de propaganda financiado con dinero público, prensa oficialista y un marco legal hecho a la medida.
Otro candidato no hubiese soñado en competir contra eso. Para 2013 y 2017, el despilfarro había generado un sector económico que giraba en torno al Estado; unos dependían de un sueldo público, otros de las ventas que hacían al gobierno y muchísimos eran contratistas o proveedores impagos que temían un cambio que implique no cobrar jamás. El escenario se asemejaba más a la extorsión que a la libertad de sufragio.
Ahora hay motivos para ser optimista. El próximo año, sobre todo si no se excluye al expresidente Correa, tendremos una elección libre y definitiva. El gobierno, quebrado y desprestigiado, no podrá intervenir. Será una papeleta sin ausentes ni interrogantes. Ahora sí podremos saber qué quiere Ecuador. Probablemente las preferencias y deseos de esta nueva población electoral, más numerosa, menos joven, más de clase media y cada vez menos occidental, no sintonizarán con los gustos y manuales de la clase rectora; pero habrá brillado la verdad.