Uno de los serios problemas que enfrenta el Ecuador y que se ha acentuado a raíz de la pandemia, es el desempleo, sabiéndose que el empleo es un derecho humano, y que debería estar garantizado por el Estado.
Un empleo que sirva para cubrir la canasta básica, que incluya salud y educación y otros derechos inalienables, que garanticen a la familia una vida digna, sin sobresaltos.
Pero, ¡qué difícil se vuelve, llenar esta aspiración!, cuando la precariedad es la norma. Estos elementales deberes, que dejan fuera a un enorme segmento de jóvenes que se han preparado y han hecho un esfuerzo enorme para estudiar, para incursionar inclusive en posgrados, a los que tanta publicidad se hizo en el gobierno anterior.
La frustración se está convirtiendo en un elemento explosivo. Y no se trata de pensar en un estado obeso sino en posibilitar el crecimiento del sector privado, del generador de empleo, el incentivar a los emprendedores para que sean exitosos en sus iniciativas, el promover las alianzas y el trabajo colaborativo.
El estado central ha sido tremendamente inoperante a la hora de solucionar estos acuciantes problemas, por ello vale potenciar el rol de los gobiernos locales, los regionales, los que dimensionan de mejor manera los dramas humanos porque los sienten más cercanos, porque la escala es menor y, por tanto, podrán organizar de mejor manera a sus conciudadanos a la hora de generar soluciones.
Lo que hacen los gobernantes locales no puede estar desconectado ni divorciado de lo que en normatividad y financiamiento debe proveer el gobierno nacional, que servirá como eje articulador, sin entorpecer las iniciativas de las regiones.
Vale la pena hacer la prueba, que acierten los gobernantes de las localidades, seguramente será una gran lección para quienes fungen de autoridades nacionales.