Acusado por denunciar

Resulta insólito que la legislación vigente procese a las personas que denuncian casos de corrupción. Un extenso listado de negociados y el enriquecimiento ilegal blindado para proteger atracadores y perseguir a personas que se atreven a denunciar. Nadie puede olvidar la infinidad de denuncias comprobadas hechas por periodistas de investigación quienes luego, por hacer su trabajo, fueron perseguidos, acusados y enjuiciados por los mismos delincuentes y estafadores tras un sistema de impunidad.

Ejemplo, el caso del rector universitario que aprovecha de la pandemia para su enriquecimiento. No paga los aportes a la seguridad social de los trabajadores, con centenas de despidos intempestivos a su cargo y varios negocios quebrados a pretexto de ofertar educación. Todo, gracias al silencio de entidades de control de la educación superior que no actúan en defensa de la ciudadanía sino en complicidad con esa agenda populachera y torcida de los últimos 14 años. Con medios televisivos y una supuesta Defensoría del Pueblo que reproducen propaganda fraudulenta en perjuicio del consumidor final pues se invita a matricularse en un establecimiento académico con serios problemas financieros, laborales y académicos donde la familia ecuatoriana cae resignada a la oferta de una pésima educación, que incluso usa y reclama dinero público por considerarse ‘cofinanciada’.

Lo crítico se produce cuando Fiscalía no investiga el fraude público, la estafa masiva y el atentado contra la fe del consumidor sino que ataca al denunciante tras una supuesta ‘difusión de circulación restringida’. Esto cuando el artículo 18 de la Constitución señala que todas las personas, ‘tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa’ acerca de procesos de interés general (educación y salud) y con responsabilidad ulterior. ‘En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información’. De ahí que los ciudadanos tenemos el deber y derecho de denunciar los atracos y mal uso de dinero desde un simple rectorado a una candidatura presidencial.

El artículo 278 del Código Penal, sobre el enriquecimiento ilícito, incluye ‘cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones’. Clave en la denuncia de una universidad financiada con dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿Y Fiscalía? Nada.

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@kleber_mantilla