El procedimiento penal ordinario se desarrolla en tres etapas: Instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio y la del juicio propiamente dicho; cada una de éstas con singulares características. En la etapa de evaluación se pueden producir dos hechos importantes, ya sea el sobreseimiento del procesado por falta de acusación fiscal, esto es por no encontrar méritos suficientes, o, el llamamiento a juicio, por medio del cual el juez o jueza cierra la etapa intermedia y envía el proceso ante el Tribunal Penal para que avoque conocimiento y abra la etapa de juicio, donde las partes procesales en una sola audiencia sostengan sus estrategias, y lo que es más, sus criterios técnicos en defensa de las víctimas y de los procesados. Para entender mejor diré que el auto de llamamiento a juicio a uno o más procesados es la resultante del trabajo de fiscalía, que ha encontrado presunciones de la existencia del delito o la materialidad de la infracción y además presunciones de responsabilidad del o de los procesados.
El llamamiento a juicio es una resolución motivada que incluye la identificación del o de los procesados, la determinación de los hechos y el delito acusado por el fiscal, así como el grado de participación de cada uno de cada uno de ellos, con la especificación de las evidencias que sustentan la decisión de fiscalía, y por supuesto la cita de las disposiciones legales y constitucionales aplicables para cada caso, y, además, las medidas cautelares. Ahora bien, en definitiva el llamamiento a juicio es un acto procesal donde ya se han recogido indicios y presunciones tanto del delito como de la participación de los autores y cómplices, que a la postre ya en la audiencia de juicio se convertirán en pruebas que definirán la situación jurídica del o de los procesados, pero claro, cuando en la instrucción fiscal se han recogido elementos de convicción suficientes, las cosas se convierten en difíciles para el o los procesados, lo que en otras palabras quiere decir que aquel o aquellos que son llamados a juicio, corren un serio peligro de ser condenados; esto es lo que ocurrió en el caso sobornos.