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Ecuador tendrá que ajustar el gasto público en más de $3.400 millones entre 2021 y 2022

OCT, 06, 2020 |

El próximo año será el más fuerte en cuanto a recortes. Además, se deberá aprobar una reforma tributaria en el segundo semestre.

Richard Martínez, ministro de Economía, explicó que con o sin Fondo Monetario Internacional (FMI), se debe concretar una serie de acciones para sanear las finanzas públicas e ir reduciendo el peso de la deuda a mediano plazo.

“Muchas veces se estigmatiza este tipo de programas, muchas veces se cuestiona que los desembolsos estén atados a compromisos que asume el país, pero el gobierno ha demostrado que hay cosas que se debe hacer para construir un mejor futuro”, dijo Martínez.

Planificación de deuda

Dentro del nuevo acuerdo con el FMI, a cambio de recibir un monto total de $6.500 millones hasta 2022, una de las principales metas es continuar con el ajuste en el gasto público. Así, el próximo año, los recortes totalizarán el 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), o más $2.800 millones.

El mayor impacto se verá en cuatro rubros. La reducción de la nómina estatal será de $482 millones (0,5% del PIB), y en el caso de compra de bienes y servicios se llegará a una disminución de $579 millones (0,6%). Por otro lado, el Gobierno espera que ya no sea necesario incurrir en $500 millones de gastos extras para enfrentar la crisis sanitaria por el Covid-19; además, debido a la renegociación de la deuda externa en bonos y dos tramos de las obligaciones con bancos chinos, el gasto en intereses y amortizaciones también caerá en $1.300 millones.

“Hay medidas que se han tomado y se seguirán tomando, sobre todo en nómina, donde se ha hecho una importante reducción; eso tiene límites porque hay sectores, como salud, educación e inclusión social, que no podemos tocar. Sin embargo, se ha hecho esfuerzos incluso en esos sectores para optimizar plantas administrativas y adecuarse a la nueva realidad del teletrabajo. También se verá los resultados de la eliminación de empresas públicas”, dijo Martínez.

Recuperación

Por el lado de los ingresos, se espera un aumento de casi $2.000 millones, debido a un repunte de la recaudación tributaria como consecuencia de que la economía crecerá más del 4%. Asimismo, se proyecta una estabilización de los precios del petróleo.

Con eso, el déficit fiscal (más gastos que ingresos) pasarán de -$8.300 millones en 2020 a -$2.907 millones en 2021.

Alejandro Werner, director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, dijo que Ecuador entró a la pandemia con serios problemas financieros y de deuda. Los ingresos fiscales cayeron en un 8% del PIB; y, al mismo tiempo, aumentaron los gastos extraordinarios para protección social y atención de salud en más de $1.000 millones.

Reforma tributaria es clave

Para el segundo semestre de 2022, el próximo gobierno deberá presentar y lograr la aprobación de una reforma tributaria que “garantice una visión integral de progresividad, reduzca gastos tributarios por cerca del 5% del PIB y cree normas más eficientes que permitan mayor recaudación”.

Manuel González, economista y miembro del Consejo Asesor Presidencial, comentó que una de las opciones contempladas por el multilateral es subir el Impuesto al Valor Agregado del 12% al 14%.

Martínez aseguró que dejará preparados los insumos para esa reforma que, en su primer año de ejecución, deberá generar $2.000 millones de ingresos adicionales. A la par, en ese mismo 2022, se tendrá que hacer un ajuste adicional del gasto por $680 millones más.

El resultado final sería llegar a un superávit de $601 millones, el cual ascendería a $2.583 millones en 2025. En ese contexto, el país podrá comenzar a bajar el peso de su deuda pública del 69% en 2020 al 56% en 2025. (JS)

Desembolsos y acciones para Ecuador

  • Además de los $4.000 millones del FMI, Ecuador recibirá $1.620 millones más de otros multilaterales y $1.700 millones de China hasta fin de año
  • Dentro del acuerdo con el FMI, hay espacio para el aumento de $1.000 millones en bonos y ayudas directas de la red de protección social.
  • Los beneficiarios llegarán a 1,5 millones de familias en pobreza y pobreza extrema.