Futuro de Christian Cruz se define en un juicio político

La Asamblea Nacional conoció en Pleno los argumentos de defensa y de acusación del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Casi dos horas y media duró la intervención del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, en la que presentó sus elementos de defensa por las acusaciones por presunto incumplimiento de funciones y falta de probidad.

El funcionario dijo que su proceso está viciado porque, según él, se atentó contra el debido proceso por una falta de juez competente. A su criterio, la restructuración de la Comisión de Fiscalización, que conoció su caso, es ilegítima, basándose en un pronunciamiento del procurador, Íñigo Salvador.

También dijo que se violó la norma porque no se habrían completado las firmas necesarias de al menos una cuarta parte de la Asamblea para enjuiciarlo. Aseguró además que se inobservó el procedimiento legal de la estructura de un juicio político.

Cruz defendió la obtención de su carnet de discapacidad, indicando que en 2009, tres expertos del Consejo Nacional de Discapacidades avalaron su discapacidad visual y auditiva. Explicó también que su dolencia obedece a la práctica de artes marciales.

“Soy una persona de discapacidad y por presentar esta condición soy discriminado y enjuiciado en base a supuestos y sin respaldo legal”, expresó.

También desestimó la supuesta arrogación de funciones explicando que, como máxima autoridad del Cpccs, era competente para emitir reglamentos “secundarios”, sin necesidad de poner a consideración del Pleno.

En reiteradas ocasiones, Cruz advirtió que una eventual destitución y censura de sus funciones podrían acarrearle al país consecuencias legales, pues no descarta acudir a instancias internacionales para formalizar acciones por supuestas violaciones a sus derechos.

El denunciante

El enjuiciamiento político de Cruz fue motivado por el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle. Entre sus argumentos para pedir la destitución y censura están un incumplimiento de funciones y falta de probidad debido a tres causales: la obtención del carnet que determina que tiene 81% de discapacidad visual y auditiva, el uso de documentos falsos y además la arrogación de funciones.

Él cuestionó cómo una persona con ese nivel de discapacidad pueda contar con una licencia tipo E, que le permite conducir vehículos pesados. Dijo además, entre otras cosas, que Cruz se benefició de descuentos en el pago de impuestos utilizando el carnet de discapacidad.

“No estamos cuestionando el carnet sino si es que tiene discapacidad permanente”, señaló el asambleísta.

Sobre el uso de documento falso, Kronfle aseguró que en el año 2009, cuando intentó ingresar al Cpccs por un concurso de méritos y oposición, presentó un certificado de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae).

Christian Cruz llegó al frente del Cpccs para reemplazar a José Carlos Tuárez.El legislador también lo acusó de arrogar funciones porque expidió dos reglamentos del Cpccs por sí solo, cuando debían ser emitidos por el Pleno de la entidad. Precisó que la arrogación de funciones es causal de destitución de funcionarios públicos.

Hasta el cierre de esta edición, el denunciante continuaba con la sustentación de su acusación. (FLC)

Conclusiones carnet de discapacidad

  • Denunciante Henry Kronfle.
  • El carnet de discapacidad fue presentado con concurso de méritos y oposición de 2009 para el Cpccs. Cruz se benefició de dos puntos.
  • En 2011 y 2016 renueva licencia de conducir tipo E con exámenes psicosensométricos que no reflejan que exista una discapacidad y tampoco presenta su carnet de discapacidad.

Una institución inútil

El Comité por la Institucionalización Democrática, del que es coordinador el activista político Pablo Dávila, envió a la Asamblea una propuesta para reformar la Constitución y motivar la desaparición del Cpccs.

Dávila sostiene que el organismo no ha cumplido con las atribuciones otorgadas por la Constitución, como la promoción de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades. En vez de eso, ha promovido el debilitamiento de las instituciones del Estado.

Indicó que las competencias de la institución están duplicadas en otras entidades del Estado. “Lo único que se ha hecho es designar autoridades que han sido cooptadas por el poder de turno. No cumple un rol de validez institucional en el país, lo que cabe es eliminarlo”, dijo