En la primera fase de la pandemia se difirieron los pagos del 36% de la cartera total de los bancos.
Ruth Arregui, superintendenta de Bancos y Seguros, explicó que, al inicio de la pandemia, tomando en cuenta las experiencias de otros países y las recomendaciones del Comité de Basilea y la Asociación de Supervisores bancarios de las Américas, se implementaron medidas de alivio financiero, para reducir el impacto del confinamiento, la caída de la actividad económica y los ingresos.
En primer lugar, a través de la resolución 569, se permitió el diferimiento de pagos por 60 días, lo que logró que no se degradara la calificación crediticia, ni se cobrarán intereses por mora o cualquier recargo. Ese plazo se amplió 90 días más, con la resolución 582; además, con la Ley de Apoyo humanitario se hizo una última extensión que, hasta el 12 de noviembre 2020, dio un total de 180 días.
“Ese fue un alivio temporal que redujo los efectos más graves, pero no soluciona los problemas a largo plazo. No pueden dar diferimientos por más tiempo porque los depósitos de las personas no son de más largo plazo”, dijo la superintendenta.
Entre las más solidarias
Julio José Prado, presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, reconoció que siempre se espera que, desde el lado de las instituciones financieras, se pueda hacer mucho más, pero hay que recordar que la actual crisis es la más fuerte que ha vivido el Ecuador. Solo en el segundo trimestre de 2020 hubo una caída del 13%.
Además, Ecuador fue el tercer país con medidas de diferimiento de las más altas. (Ver recuadro)
“Solo fuimos superados por Colombia y Panamá donde se difirió más del 40%, gracias a que hubo un apoyo fuerte desde el lado público. En Ecuador, todo el esfuerzo vino desde los privados”, acotó Prado.
El riesgo aumenta en el largo plazo
Según Equifax, empresa de análisis crediticio, de los 8,3 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), 4 millones (48%) han tenido problemas considerables de liquidez como consecuencia de la pandemia. Esos problemas, a mediano y largo plazo, pondría en riesgo alrededor de $13.900 millones en deudas con el sistema financiero.
Por eso, en una segunda fase, la superintendenta Arregui comentó que se está trabajando en la conformación de un fideicomiso que permita reestructurar las obligaciones ya diferidas y dar, sobre todo a los sectores más golpeados por la pandemia, un apoyo más allá del corto plazo.
“El Fondo de Apoyo a las Mipymes, desgraciadamente, en marzo no se pudo hacer, pero ahora es posible con los recursos que ya se han negociado con los organismos multilaterales”, aseguró.
En un principio, el fideicomiso se podría fondear con $500 millones, los cuales se multiplicarán con la emisión de un bono productivo con apoyo de los mismo multilaterales. Lo que falta, para que se opere lo antes posible, es afinar el mecanismo legal.
La meta es entregar financiamiento entre 5 y 8 años para capital de trabajo y garantías. En el caso de sectores muy afectados y abandonados como el turismo, se podrían dar años de gracia. (JS)
Medidas de diferimiento
- $10.209 millones de pagos se difirieron entre marzo y noviembre.
- De ese monto, el 36% corresponde a la cartera crediticia de los bancos.
- En otros países el alivio fue de: 33% en Chile y Perú, 24% en Brasil y 13% en México y España
¿Cómo evitar manchar el registro financiero?
A través de la resolución 609, se establece que sólo después de 61 días una operación de crédito vencida podrá ser reportada al historial crediticio. En otras palabras, los ciudadanos tendrán más tiempo para renegociar sus obligaciones y evitar que se manche su registro y no pueda ser sujeto de crédito. Este beneficio se extenderá hasta junio de 2021.