Minería, vidas y descontrol

Es de vos populi: una gran parte de la informalidad se nutre de los recursos relativamente sencillos de obtener. Uno es el oro, y su explotación ilícita en el país está ligada a la muerte y al peligro, a grupos ilegales que brindan seguridad, al uso de armas, a la prostitución, la trata de personas, lavado de activos y, por añadidura, a la destrucción de la naturaleza.

En algunas noticias, y reportajes, se han evidenciado que hay actividades ilegales en ocho provincias del Ecuador, incluso, existe el caso de una mina en territorio peruano que se explota desde nuestro país. La metodología es parecida: mano de obra local y extranjera, capitales no justificados, grandes recursos para movilizar material a chancadoras que existen en algunas ciudades del país.

Detrás de la explotación hay grandes y pequeños beneficiarios. Estos dan asistencia por salarios básicos -excepto si se trata de una “especialista” en operar una retroexcavadora o una chancadora-en condiciones de vida deplorables.

Hay otro grupo que expone su vida al entrar furtivamente en los socavones antitécnicos a buscar metal. Es lo que ocurre en algunos cantones de la provincia de Esmeraldas. Hacia el norte, en el cantón San Lorenzo, la actividad minería es ilegal. Lo cual es doblemente cierto: es ilegal, porque no se permite; es ilegal porque sí existe, pero fuera de la ley. En Los Ajos fue necesario que hubiera victimas para que el Estado frenara de momento la actividad. Pero en este mismo minuto se siguen taladrando las tierras de la reserva y envenenando las aguas.

Quienes piensan que sólo la explotación a gran escala puede resultar perjudicial para la naturaleza, si no se hace con licencias y cuidados, deben de suponer por un momento cómo sería la explotación informal de petróleo. El caso de la minería lo conocen las autoridades, hay información actualizada, pero no se actúa. Ese problema debería ser parte de la agenda gubernamental de transición.

Los recursos naturales son del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Pero suele justificarse la actividad ilegal por la falta de recursos de la gente, e incluso a veces se reclama obras de infraestructura y sociales ahí donde, improvisadamente, se alojan explotadores y explotados. Lo ideal sería establecer un modelo -perfectamente posible y que funcione en algunos sectores- para una explotación artesanal regulada, de bajo impacto ambiental y de la cual se beneficien sus comunidades.

Pero no somos conscientes de que en medio del discurso en contra de las grandes empresas se cuela el peligro de la minería ilegal que causa todos los problemas descritos y, además, no deja ingresos al Estado, sino problemas por resolver a alto costo. ¿o quizás quienes guardan silencio frente a este desangre son demasiados conscientes?

Gabriel Quiñónez Díaz

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