Justicia Social denuncia a vocales del CNE por incumplimiento de sentencia del TCE

Jimmi Salazar, director de la organización política, pide al TCE la destitución y multa de cuatro vocales del CNE.

El director ejecutivo nacional del movimiento Justicia Social, Jimmi Salazar, formalizó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por una presunta infracción electoral.

El trámite lo planteó en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita y los vocales Luis Verdesoto y José Cabrera.

Según lo expuesto por Salazar en su denuncia, ellos “, incurrieron en incumplimiento de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el 30 de octubre de 2020; y, la resolución de ejecución de sentencia de fecha 8 de diciembre de 2020, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia”.

También señala que los funcionarios del CNE, adecuaron su conducta en el numeral 12 del artículo 279 de esa normativa, lo que, a su criterio, representa una infracción electoral muy grave.

Pedido

Salazar solicita a los jueces del TCE sancionen a los vocales con la multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, su destitución y, además, la suspensión de los derechos políticos por cuatro años. Es decir, la pena más severa que establece la Ley para el caso.

Asimismo, solicitó al TCE que remitan el expediente de la causa 080 – 2020 a la Fiscalía para que, desde el campo penal, investigue a los vocales del CNE, por un presunto incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Fiscalía informó la noche de ayer, que el 27 de noviembre pasado elevó a consulta ante la Corte Nacional de Justicia, si podía abrir una investigación previa en contra de los funcionarios electorales, tras haber recibido denuncias de supuestas irregularidades durante el proceso previo a los comicios. (FLC)