En campaña electoral se proponen reformas para garantizar independencia judicial

ILUSTRACIÓN. La propuesta serviría para evitar la injerencia del poder político en las decisiones de los jueces.
ILUSTRACIÓN. La propuesta serviría para evitar la injerencia del poder político en las decisiones de los jueces.

Desaparecer o modificar la estructura de este organismo requiere de reformas constitucionales.

La campaña electoral está matizada por un sinnúmero de propuestas, algunas incumplibles y otras un tanto coherentes. De estas últimas, son pocas, pero una de ellas llamó la atención de quienes caminan por el quehacer jurídico.

Desaparecer el Consejo de la Judicatura (CJ), para darle más independencia a la justicia, fue una de las propuestas planteadas en uno de los debates presidenciales organizados por el Consejo Nacional Electoral. Yaku Pérez, candidato por Pachakutik, fue quien puso la discusión sobre la mesa.

Pablo Encalada, abogado experto en derecho penal, aclara que, pese a que el ofrecimiento puede ser una medida extrema, se necesita una modificación a la Constitución.

El jurista habla también de una reforma estructural del poder judicial, que actualmente, dice, es bicéfalo, con poderes divididos en el CJ y en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Encalada defiende la idea de que la voz de autoridad vuelva a los magistrados de la CNJ, para que sean ellos en Pleno quienes renueven a sus miembros cuando fallezcan, renuncien o se encarguen de sancionar cuando se identifiquen actos de corrupción.

Volver a la cooptación

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, sostiene que el próximo mandante deberá promover la reforma constitucional para retornar al sistema de cooptación.

Este mecanismo, dijo, es válido para que el Pleno de la Corte, conformado por 31 jueces vitalicios, pueda nombrar y sancionar a jueces en casos de irregularidades.

Encalada agrega que previamente deberían renovarse completamente la CNJ, pues a su criterio, los actuales magistrados no ofrecen garantías.

Cambio de estructura

La eliminación del CJ no es el único camino. Su permanencia, sin que el órgano administrativo evalúe y califique a jueces de la CNJ, sí es posible, dice Encalada.

Actualmente el Pleno del CJ se conforma de cinco vertientes: un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo, de la Defensoría Pública, CNJ y Fiscalía General del Estado.

A criterio del abogado, este sistema, impuesto en la gestión del expresidente del CJ del gobierno de Rafael Correa, Gustavo Jalkh, facilita la injerencia del Estado en la administración de justicia.

Propone que, si se va a mantener la estructura de la Judicatura, la conformación del Pleno se integre de vertientes de colegios de abogados o la Academia y que sobre su Director Ejecutivo estén los jueces de la alta Corte.

Sugiere también que se le reduzcan facultades de evaluar jueces de la CNJ y que no puedan analizar decisiones jurisdiccionales de los magistrados. (FLC)

Atribución de funciones

El penalista Sebastián Cornejo cuestionó cómo un órgano administrativo puede ejercer control o revisión de las sentencias emanadas desde los juzgadores. El abogado sostiene que esa función es competencia exclusiva de los mismos jueces. “Ellos son quienes conocen cuál es el accionar jurídico dentro de un proceso”, dice.

Cornejo no comparte la idea drástica de eliminar el Consejo de la Judicatura, sin embargo, coincide con otros juristas en la propuesta de reestructurar su conformación para separarlo de otros poderes del Estado.

Hacen falta propuestas de los candidatos a la reestructuración del poder judicial, no para meterle la mano nuevamente, sino para mejorarla y que se depure”. Pablo Encalada, penalista.