La Gestión de Riesgos, un reto para los nuevos representantes

Priscila Amalia González Briceño

Durante el 2020, el hecho de una pandemia mundial se hizo realidad. Todos nos pusimos en sintonía con el riesgo, poniendo nuestra atención en encontrar formas más efectivas de identificar y comunicar estas eventualidades a los tomadores de decisiones.

Sin embargo, a pesar de que destacan un sinnúmero de episodios, hago referencia al Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, cuyo análisis se centra en los riesgos y las consecuencias del aumento de las desigualdades y la fragmentación social.

Evidentemente, el costo humano y económico inmediato de COVID-19 es severo y amenaza con retrasar años de progreso en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como con debilitar aún más la cohesión social y la cooperación internacional.

En este contexto y a pocos días de elegir nuevos representantes en nuestro país, nos encontramos con propuestas muy triviales, sin ninguna connotación de fortalecer la gestión de riesgos en el Ecuador, pues se sigue planificando esta crisis en lugar de anticipar la próxima. Esperábamos que los planes de gobierno que pretenden llegar a Carondelet consideren el equilibrio entre la gestión de la pandemia y la contracción económica, además de incluir consideraciones ambientales a largo plazo.

No es absurdo afirmar que en los próximos diez años los riesgos de mayor probabilidad serán el clima extremo, el fracaso de la noción climática y el daño ambiental provocado por el hombre; así como la concentración de poder digital, la desigualdad digital y el fracaso de la ciberseguridad.

Queda poco que perder y es notorio que el desarrollo de múltiples vacunas puede presagiar el comienzo de la recuperación de la crisis por COVID-19, pero las fisuras estructurales que salieron a la luz, desde el bienestar individual hasta la resiliencia social y la estabilidad global, amenazan con hacer esa recuperación profundamente desigual.

Para quienes sean elegidos, reducir las brechas dependerá de las acciones que se tomen en función de las lecciones que la pandemia por COVID-19 nos ha dejado, además de enmarcarse en un plan de reconstrucción con miras a un futuro inclusivo, que considere las implicaciones del cambio climático, al que nadie es inmune y contra el cual el mundo no puede vacunarse.

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