Cada día es más evidente que hay diversos factores que inciden en la política energética de los diversos países en el mundo. Lo que antes se tenía como una certeza en relación a los siempre crecientes precios de los combustibles fósiles, no es más una realidad, tanto por el avance de las nuevas tecnologías como por la presión de las políticas y necesidades ambientales, que ponen en alerta al planeta sobre el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la escasez del agua adecuada para el consumo humano, el debilitamiento de la productividad y la falta de tierras cultivables en muchos lugares y una serie de otras alertas que tienen que ver con la desaparición de infinidad de especies y los riesgos que se encuentran inmersos en el abuso, el peso poblacional y otros factores que podrían analizarse.
Frente a ello, vale la pena pensar en lo que debe ser el futuro de las políticas energéticas que ponen en duda la validez de las reservas petroleras en un mundo que ya no desea más usarlas. Incluso durante la semana pasada, se puso en alerta el sistema financiero ante la decisión de bancos europeos de no negociar el petróleo ecuatoriano, procedente de la Amazonía casi en su cien por ciento, por las implicaciones ambientales que tiene.
La posibilidad de contar con energías limpias, entre las que se cuentan las derivadas de la fuerza de las hidroeléctricas, así como de energías alternativas como la solar, la eólica, la fotovoltaica, la geotérmica, e inclusive la de usar al agua como la base de nuevos combustibles, puede hacer que se deje atrás, más rápidamente de lo que imaginamos, la que se deriva de los combustibles fósiles.
Por otro lado, la detección de minerales en el territorio ecuatoriano, así como la existencia de concesiones mineras por un lado, la minería artesanal y la ilegal por otro, colocan al Estado Ecuatoriano, ante la disyuntiva de tener reglas claras que nos encaminen hacia una minería sustentable, que, de alguna manera, reemplace a los ingresos petroleros como fuente principal del financiamiento del presupuesto nacional.
La presión de sectores vinculados con la defensa del ambiente, las disposiciones constitucionales que consagran las consultas previas entre las comunidades afectadas, la preocupación por no explotar recursos en zonas que pongan en peligro la provisión de agua, sobre todo en las fuentes del líquido vital, son otros tantos temas que el nuevo gobierno debe enfrentar; tomando en cuenta también que, en cuanto se detecta la existencia de minerales, sobre todo de oro, es muy difícil controlar la explotación ilegal, como ya lo hemos experimentado en zonas pertenecientes a provincias como la de Esmeraldas, Imbabura, Zamora, Azuay, en donde la proliferación de una especie de fiebre del oro, puede transformar zonas extensas en peligrosos focos de inseguridad, y de problemáticas sociales realmente muy graves.
Habrá que ver cuál es la política energética y minera del gobierno que se elegirá este fin de semana, porque buena parte del futuro del Ecuador va a estar ligado a los temas que hemos mencionado en este artículo.