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El próximo presidente deberá convertirse en el líder de la transición hacia el desarrollo

FEB, 12, 2021 |

SUFRAGIO. El 11 de abril se elegirá al nuevo presidente de Ecuador, para el periodo 2021-2015.

Los problemas del país no se solucionarán en cuatro años, pero sí será necesario sentar las bases para una recuperación a partir de 2025.

“El próximo presidente tiene que hacer una amplia alianza, porque es demasiado dura la situación económica del país; esto no es 2007, 2001 o 2002. Se deben dejar de lado los extremismos y trabajar para construir condiciones mínimas de desarrollo”, dijo Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, quien explicó que, si todo va bien, entre 2021 y 2025 tendremos bajos niveles de crecimiento y una reactivación en cámara lenta.

El nuevo gobierno tendrá poco espacio de maniobra y deberá procurar equivocarse lo menos posible en los temas más importantes para el desarrollo del país. En este sentido, el punto de partida será poner los pies sobre la tierra y tener claro que se deben tomar decisiones difíciles, con alto potencial de desgaste político.

Así, sea quien sea el que llegue a Carondelet, su principal función será conducir una verdadera transición en Ecuador, que permita, luego de cuatro años, tener pilares sólidos para que por fin despegue la economía. En otras palabras, buena parte de su trabajo será sembrar para que los siguientes presidentes cosechen los futuros éxitos.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), si se concreta un plan realista y sostenible desde 2021, se podrían recuperar, y luego superar, los niveles pre-pandemia solo a partir de 2025.

Cuatro consensos mínimos

Augusto de la Torre, execonomista jefe del Banco Mundial para América Latina, expresó que la única opción para un gobierno viable es que se conforme una coalición entre diferentes partidos y visiones de país; la que debe ser estructurada y con contenidos, no sólo como manifestación de contra o rechazo a un modelo opuesto como el correísmo.

En ese contexto, a los temas tradicionales -como el déficit fiscal, la recuperación de la economía y la salida de la crisis derivada de la pandemia-, se deben incluir otros, como la equidad social y el ambientalismo.

García recalcó que, desde este año, se abre un proceso cuya duración es incierta, pero que debe construirse sobre consensos claros:

1. Lograr un pacto productivo- financiero, con el fin de racionalizar las tasas de interés. El objetivo sería encontrar los mejores mecanismos para reducir los costos por utilización del dinero, por la utilización de las tarjetas de crédito y las transferencias, entre otros. Además, se tiene que definir cómo se le puede sacar provecho a los medios de pago electrónico.

“Dejando de lado los extremismos, no se puede ofrecer una bajada abrupta de las tasas de interés, porque eso quebraría, a las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales son el 20% del sistema financiero. Hay que ampliar las opciones y buscar tipos de crédito específicos”, acotó.
 

2. La mira deberá estar en una reforma laboral que genere más oportunidades, pero que no vaya hacia modalidades sin garantías, sin seguridad social, ni un mínimo de protección. La meta es ampliar, pero no pauperizar el mercado de trabajo.
 

3. En tercer lugar, se debe propiciar un pacto fiscal, donde el manejo de las cuentas públicas sea un instrumento de la recuperación. Así, de la mano de la reducción del gasto improductivo, la eficiencia en el tamaño del Estado, se necesita una reforma tributaria que no castigue al sector productivo y eliminen subsidios y exenciones que no generan empleo.

Bajo ese horizonte, todos los sectores deben ceder posiciones y no atrincherarse en visiones maximalistas de izquierda y derecha; lo que quiere decir, por ejemplo, que hay que ampliar la base de contribuyentes (más gente pagando impuestos) y acordar cómo evitamos daños ambientales sin prescindir de importantes ingresos del petróleo y la minería.

4. Otro consenso importante tiene que ver con un gasto social más eficiente y con mayor cobertura. Esto no solo se refiere a los bonos y ayudas directas, sino también a priorizar el destino de los recursos hacia donde realmente importa como educación y salud

“El nuevo Gobierno no puede equivocarse. Por ejemplo, financiar a las patadas, como sea, $1.000 a un millón de personas, o pensar que la reactivación solo pasa por entregar créditos del 1% al campo sin incentivos reales a la producción”, puntualizó García. (JS)

El próximo presidente recibirá una economía con:
 

  • Más de 5 millones de desempleados, subempleados y en otras labores precarias
  • Un déficit fiscal (más ingresos que gastos) de más de $7.000 millones
  • Niveles de pobreza que superan ampliamente el 40% de la población
  • Más del 70% de emprendimientos que no superan los dos años de existencia
  • Deuda pública de casi $70.000 millones

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