La Fiscalía abrió una investigación previa para revisar las denuncias sobre el presunto delito ambiental y tráfico de influencias en el caso Olón. La Asamblea Nacional aprobó la comparecencia de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades de la primera dama, Lavinia Valbonesi, y su empresa denominado como caso Olón ya tienen sus primeras consecuencias.
Mientras en las redes sociales mantienen la alerta ante el supuesto ecocidio en la zona del esterillo Oloncito, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Asamblea Nacional han abierto investigaciones para aclarar los detalles del hecho.
Este Diario tuvo conocimiento que la Fiscalía abrió un proceso de “indagación previa” para revisar los detalles sobre el otorgamiento de los permisos ambientales y las denuncias sobre el presunto delito ambiental contra los manglares de la zona.
El presidente de la República, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi, a través de las redes sociales manifestaron su complacencia por la apertura de las investigaciones, indicando que estas permitirán “dar claridad a los ecuatorianos sobre los hechos”.
Noboa, en su mensaje, advirtió que este ataque busca desinformar a la población e indicó que es parte de la “campaña adelantada”, indicando que su Gobierno no se desgastará y seguirá trabajando en “las obras importantes”.
En el Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó la comparecencia de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, quien deberá detallar el proceso de otorgamiento de permisos ambientales y el estado de los proyectos de desarrollo en la zona norte de la costa del cantón Santa Elena.
Fritschi en un comunicado respondió que asistirá al Pleno e indicó que la zona en la que se desarrolla el proyecto inmobiliario, “no es una zona protegida”.
Así se tramitó el proyecto ‘Echo Olón’
El proyecto inmobiliario ‘Echo Olón’ es un desarrollo urbanístico promovido por la empresa VinAzin. Estará conformado por cuatro edificaciones de cuatro plantas y 24 soluciones habitacionales, además del desarrollo de áreas comunes y sociales.
La empresa VinAzin fue constituida el 31 de marzo de 2016 por Daniel Noboa, con el objetivo de comercializar “azúcar, chocolate y productos de confitería”. Fue liquidada el 6 de agosto de 2019 y se reactivó en enero de 2020.
Para 2021, Noboa ya no figura entre los accionistas de la empresa, que era integrada por Daniel Patricio Correia y José Francisco Manzur.
Valbonesi pasó a ser socia y principal accionista en 2022 y el 7 de diciembre de ese año se cambió el objeto social de la empresa para que se dedique a la actividad “comercializadora de Bienes y Raíces”.
La empresa VinAzin cuenta con un terreno propiedad de la familia Noboa y, según el proyecto desarrollado por la empresa Geosísmica Luque y fechado en septiembre del 2023, se implantaría en un área de 6.352,88 m2 compuesto por 11 lotes, que ocuparía una longitud aproximada de 250 metros lineales.
Las fechas importantes del caso Olón
La primera vuelta de las elecciones presidenciales adelantadas en las que participó Noboa se desarrollaron el 20 de agosto de 2023 y la segunda vuelta tuvo lugar el 15 de octubre del mismo año.
Según la información aportada por la Presidencia y la Ministra del Ambiente, el proyecto y los trámites habrían sido iniciados durante la gestión del expresidente de la República, Guillermo Lasso; y el exministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, y continuó su “debido proceso dentro del Sistema SUIA”.
El registro del proyecto para la obtención del Certificado de Intersección se tramitó, según el expediente MAATE-SUIA-RA-DZDG-2023-08741, el 28 de noviembre de 2023, lo que ubicaría este trámite cinco días después de la toma de posesión de Noboa, quien se juramentó ante la Asamblea el 23 de noviembre.
El 30 de noviembre habría sido aprobada la Viabilidad Ambiental del proyecto, según el oficio de la Dirección de Bosques identificado como MAATE-SUIA-DB-2023-0168-0, y firmado por Ramón Álvarez, de la Dirección de Bosques, en el que se recomienda el pronunciamiento “favorable” del proyecto.
De esta forma, el 5 de diciembre de 2023 se emitió la resolución No. MAATE-SUIA-RA-DZDG-2023-711, en el que se otorga el Registro Ambiental y el permiso para el desarrollo del proyecto inmobiliario ‘Echo Olón’. En total fueron siete días de trámite para el permiso.
Consulta Ambiental es obligatoria
La línea tanto de los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea, así como de los diversos voceros y fuentes de la Presidencia, ha sido mantener que los trámites iniciaron durante la gestión de Lasso.
Ante esto, el exministro de Ambiente, José Antonio Dávalos, puntualizó que los trámites del proyecto “no fueron iniciados” durante su gestión, precisando que la sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional resolvió que la obligatoriedad de realizar una “consulta ambiental” a los habitantes de las zonas afectadas para lograr las licencias y registros ambientales.
Dávalos explicó a LA HORA que aunque la zona donde se realizará el desarrollo no se encuentra en una “zona protegida”, al estar ubicada en un bosque protector tiene una condición de protección que obliga a realizar la consulta ambiental, paso que no ha sido ejecutado por la empresa VinAzin y que da motivo a la protesta de la comunidad.
El exministro indicó que durante su gestión al frente del despacho no existía un tiempo estipulado para dar una respuesta sobre los permisos ambientales, indicando que dependía de la cantidad de procesos que se iban tramitando y el orden de recepción, “durante la gestión del presidente Lasso el proceso de registro era ágil y podía tardarse entre 15 días a tres meses”. Advirtió que con la disposición de la Corte Constitucional el proceso podría tomar más tiempo para realizar la consulta ambiental e incorporar al proyecto las modificaciones solicitadas por la comunidad.
La ministra del Ambiente, en su respuesta a la Asamblea Nacional señaló que el proyecto habría sido “categorizado automáticamente como de bajo impacto” por el sistema SUIA, por lo que recibió el registro ambiental.
Fritschi indica que dentro de la inspección se señala que dentro del terreno ya existía una intervención y que en la zona en la que se desarrolla el proyecto inmobiliario “no existe presencia de manglar ni de especies endémicas”. (ILS)