El avance del Código de Comunas está a la espera de que la Asamblea cumpla con una sentencia de la Corte Constitucional que ordena resolver las leyes que regulen las consultas previa, prelegislativa y ambiental.
El Código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades (Coicpn), que fue aprobado en marzo de 2023 y avanzaba rápidamente hasta antes de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del entonces presidente Guillermo Lasso en mayo del mismo año, ha perdido impulso en el actual periodo legislativo.
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad está en espera de propuestas de la Presidencia de la Asamblea para avanzar en otras normas que deben aprobarse antes de continuar con el tratamiento del Coicpn, también conocido como Código de Comunas.
La razón supera a los propios asambleístas, debido a que la sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional (CC) determinó el incumplimiento de la Asamblea Nacional en la elaboración de instrumentos legales que son indispensables para avanzar en la determinación de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
La CC dio entonces un lapso de un año para que el Parlamento termine de desarrollar las leyes que deben garantizar y reglamentar los procedimientos de la Consulta previa, libre e informada, la Consulta Prelegislativa y la Consulta Ambiental.
A finales de junio la comisión presentará su línea de acción
La asambleísta Paola Cabezas (Revolución Ciudadana), quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales, confirmó que están a la espera de las propuestas que presentaría la Presidencia de la Asamblea Nacional.
“Estamos dando tiempo para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique el último proyecto de ley que, justamente, es iniciativa del presidente de la Asamblea, para avocar el conocimiento, unificar los proyectos existentes y empezar a trabajar”.
Agregó que, “califique o no el presidente el proyecto, lo envíe o no a la Comisión, nosotros, a fin de mes (junio de 2024), nos avocamos al conocimiento de los proyectos que tenemos”.
Precisó que la sentencia de la CC es clara, por lo que primero serán atendidos los proyectos de la Consulta Prelegislativa, Consulta Ambiental y Consulta Previa, ya que no pueden avanzar con el Código de Comunas mientras no tengan ley sobre esos temas.
Agregó que para avanzar en las normativas que inciden de forma directa en el desarrollo de los derechos y garantías de los pueblos y nacionalidades, se debe contar con la herramienta de la Consulta Prelegislativa.
“El tema es que no hay una ley que regule ese procedimiento, por eso ha pasado que de manera arbitraria el Gobierno; según ellos, han hecho una consulta de lo que sucedió en Cotopaxi sobre el tema minero y lo que ha pasado en otros sectores, porque no hay una norma”, argumentó.
Consolidar los proyectos es una tarea pendiente
Paúl Buestán (Construye), integrante de la Comisión de Derechos Constitucionales, destacó la necesidad de consolidar los distintos proyectos que existen sobre el Código de Comunas y las legislaciones que inciden en los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
El asambleísta indicó que, aunque no tiene una precisión sobre el número de proyectos, “el último consolidado que tenemos, son aproximadamente cuatro proyectos que han sido remitidos en los últimos tiempos”.
Buestán indicó que dicha consolidación es importante “para evitar la duplicidad, porque existe una serie de proyectos normativos que podrían afectar la efectividad de las normas”.
Acotó que el trabajo sobre el Código de Comunas se ha manejado entre la “consolidación de varios proyectos que se refieren a derechos de comunas, de pueblos y de nacionalidades, y ahora a la necesidad evidente de hacer caso a una sentencia constitucional”.
El asambleísta también pidió al Gobierno que entregue los recursos que se requieren para desarrollar los procesos de consulta de cada uno de los proyectos de ley.
“Estábamos esperando que el Estado ecuatoriano otorgue el presupuesto para hacer las consultas a los sectores de las comunas y la participación de ellos”, sentenció. (ILS)
Avances de la Comisión en otras temáticas
El vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Adrián Castro (ADN) destacó que la mesa se mantiene en trabajo permanente e indicó que mientras se define el cronograma para desarrollar estos instrumentos han dado prioridad a otras acciones.
“En este momento estamos enfocados en el avance de la Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para frenar el abuso de los habeas corpus y acciones de protección con las que han salido los criminales del país”.
También puntualizó que la Comisión ha tenido actividad en el desarrollo de la Ley de Discapacidades, la Ley del Adulto Mayor y fue aprobada por el Pleno “la Ley de Acompañamiento a las Víctimas de Femicidio, por unanimidad”.