Los altos costos de las empresas públicas, y las trabas a la inversión privada, son parte de los problemas estructurales de un sector eléctrico en crisis, de acuerdo con la exviceministra de electricidad, Enith Carrión. La participación de la inversión privada no supera actualmente el 5% en el sector eléctrico.
Según la ingeniera Enith Carrión, exviceministra de electricidad, una de la razones de fondo de la crisis eléctrica, donde existe el constante riesgo de volver a los apagones, se encuentra en el alto costo del contrato colectivo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
«El Contrato colectivo de CNEL que presenta beneficios que no se compadecen con la realidad del país, significa $500 millones cada año, pero por ejemplo la deuda de CNEL a Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador) por venta de energía es de $400 millones que no puede ser cancelada debido a que los contratos colectivos tienen sentencia de juez para su pago.», dijo Carrión en entrevista con LA HORA.
Este es uno de los factores que complican la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y dejan menos espacio para que se invierta en mejorar la infraestructura existente y construir nuevos proyectos.
El ministerio de Energía y minas encargado, Roberto Luque, cuando confirmó que los apagones está suspendidos hasta el 26 de mayo próximo, se refirió al peso de los contratos colectivos de las empresas públicas del sector en la actual crisis.
Luque afirmó que en esos contratos colectivos existen abusos que afectan la capacidad financiera de las mismas empresas y de todo el sistema eléctrico. Entre esos abusos mencionó que existe, por ejemplo, 900 empleados que reciben entre el 100 % y 200 % más de sus sueldos.
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Al tema de los sindicatos y los contratos colectivos, Carrión suma 4 temas más que configuran a su criterio todos los problemas estructurales que tiene al país dependiendo del cielo y de los embalses de las hidroeléctricas para evitar más cortes de luz:
-Falta de institucionalidad en el sector energético y minero. Se dio a través de la fusión de los tres ministerios de electricidad, hidrocarburos y minería; y, la creación del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el 1 septiembre de 2018.
Fusión de las 3 agencias de control y constitución de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) el 1 de julio de 2020. Estas resoluciones, de acuerdo con Carrión, han debilitado la actuación del sector energético y minero, al no contar con recursos propios (humanos, tecnológicos, económicos, etc.) ni las suficientes capacidades técnicas actualizadas para desarrollar, controlar, supervisar y regular los sectores energético-minero.
-Falta de Inversión en el sector eléctrico. El Plan Maestro de electricidad, que establece las necesidades del sector eléctrico para un periodo de al menos 10 años, no se cumple porque se requiere una gran inversión económica, la misma que no se ha realizado en el país con recursos públicos ni con inversión privada
Carrión aseguró que el último Plan Maestro de Electricidad plantea la incorporación de 7000 Megavatios (MW) con una inversión aproximada de $12.000 millones de dólares y en transmisión aproximadamente 7.000 millones de dólares hasta el año 2032.
– La participación privada en el sector eléctrico, actualmente no supera el 5%, lo cual es un claro indicativo de la hegemonía estatal en este sector. En los últimos años, la inversión privada ha presentado gran interés en los proyectos de infraestructura eléctrica en el país, pero los riesgos identificados como: políticos, seguridad física,
seguridad jurídica, falta de normativa, fideicomiso, entre otros han debilitado y han restringido su participación.
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-Tarifa subsidiada en el sector eléctrico. El país tiene una tarifa subsidiada que no cubre los costos del sector eléctrico, es así que la tarifa normativa es de $9,5 centavos, pero la tarifa real es de $15 centavos (sin considerar el costo en períodos de racionamiento), la diferencia es un valor que no se recupera y no ingresan al sector eléctrico.
«Por decisiones no técnicas, se conserva el incentivo a la tarifa industrial al sector minero, que pese a no haber cumplido con el compromiso de desplazar la demanda de energía en hora pico y generación de mayor empleo,
dispone de una tarifa reducida que afecta los ingresos del sector eléctrico», recalcó la exviceministra.
Además, de acuerdo con Carrión, el Ministerio de Economía, con cargo al convenio de disponibilidad de recursos ha retirado de las cuentas de Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador) un total $742 millones, de los cuales, luego de los cruces y compensaciones queda un saldo pendiente de devolución de $188 millones y de la misma manera el Ministerio de Economía mantiene un saldo pendiente con CNEL de $6 millones, lo que ha impedido realizar la ejecución oportuna de ciertos mantenimientos en su infraestructura.
El sector eléctrico aplica los subsidios de beneficio social, dados por ley como Tercera edad, discapacitados, volcán Tungurahua, tarifa de la dignidad (Decreto Ejecutivo) que representan aproximadamente $100 millones cada año, valores que tampoco han sido restituidos al sector eléctrico por parte del Gobierno Nacional, desde hace más de 10 años.
-Falta de apertura a la inversión privada en el sector eléctrico. En el año 2019 inició la fase de estructuración de los procesos públicos de selección (PPS) cuyo objetivo fue la concesión de proyectos de generación y transmisión a las empresas privadas.
Estos contratos se suscribieron en el año 2023, es decir, la licitación tomó 4 años; un periodo fuera de la métrica internacional, debido a que la ley sectorial con la que se licitaron (LOSPEE) tenía como fundamento la construcción de obras de infraestructura eléctrica a través de recursos públicos y de manera excepcional a través de inversión privada.
La posterior emisión de normativa relacionada a las Asociaciones Público Privadas (Decreto Ejecutivo 1190, 540 y el Acuerdo Ministerial 25 del Ministerio de Economía ) obligó a modificar los pliegos y contratos y estableció requerimientos para la aprobación de pasivos contingentes en el Presupuesto General del Estado, condiciones de terminación anticipada, análisis y asignación de riesgos, entre otros temas.
Los contratos suscritos bajo este modelo de gestión son los de los proyectos: Eólico Villonaco III de 110 MW, Solar El Aromo de 200 MW, Conolophus de 14,8 MWp con 39 MWh de almacenamiento, Bloque de 500MW de energía renovable no convencional (ERNC).
Todos ellos no han logrado el cierre financiero, según Carrión, por falta de un instrumento (fideicomiso o similar) que garantice los flujos futuros para el pago de la deuda de estos.
«Cabe indicar que, la participación privada en el sector eléctrico, puede apalancarse a través de varias figuras, según las condiciones y caracterizaciones de los interesados; por lo que, se vuelve imperativo una revisión y actualización de ciertos instrumentos normativos que se acoplen a las necesidad del país, en el ámbito energético», puntualizó la exviceministra de electricidad.
Medidas a corto plazo para enfrentar la crisis eléctrica y el riesgo de apagones
1.- Revisión y análisis del Plan de Acción Inmediato que quedó establecido el 9 de febrero de 2023 desde el Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, en el cuál se especificaban las principales acciones a seguir para evitar el desabastecimiento de energía del país.
2.- Incorporar nueva generación que sea de rápida instalación en el Sistema Nacional Interconectado.
3.- Análisis y revisión de la tarifa del sector eléctrico, que permita focalizar los subsidios e incentivos existentes para que el sector eléctrico cuente con recursos.
4.- Campañas de cambio de hábitos de consumo (eficiencia energética).
4.- Cumplimiento irrestricto de los planes de mantenimiento en todo el sistema nacional interconectado (generación, transmisión y distribución). (JS)