El plazo de 60 días que tiene la Asamblea para tramitar las reformas derivadas de la consulta popular del 21 de abril de 2024 vence el 8 de julio de 2024. Antes del sábado 6 de julio, la Comisión Multipartidista entregará el informe para el segundo y definitivo debate en el pleno.
La comisión multipartidista de la Asamblea Nacional encargada de tramitar los cinco proyectos enviados por el Ejecutivo, derivados de los resultados de la consulta popular del 21 de abril de 2024, pule el documento para el segundo y definitivo debate en el Pleno.
Pero, ¿el informe para la discusión de los 137 legisladores tendrá cambios, o mantendrá el espíritu de las reformas que fueron enviadas el 13 de mayo de 2024 por el presidente de la República, Daniel Noboa?
Lucia Posso, asambleísta de Avanza, quien forma parte de la comisión multipartidista, respondió que aún se revisan algunos temas. “En gran medida no hay ningún problema, pero estamos trabajando en algunos elementos que, posiblemente sean necesarios (revisar). Estamos analizando, aún no se puede decir qué va a cambiar o qué se mantendrá; posiblemente hasta el lunes (1 de julio de 2024) habrá una respuesta”.
En todo caso, Posso señaló que existen algunas observaciones “serias” que se han efectuado desde la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras instituciones, respecto al porte y tenencia de armas.
El 5 de junio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso observaciones a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. Salazar, quien se conectó de forma virtual con la comisión, habló de la desproporción en las penas que propone el Ejecutivo para delitos como tenencia y porte de armas.
En el caso más grave, el Presidente de la República recomienda una sanción de hasta 22 años de cárcel. La Fiscal indicó que es similar a penas por delitos como homicidio, pornografía infantil, abuso sexual o tortura.
Salazar también hizo otras observaciones a la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, es decir, el paso de bienes de origen ilícito al Estado. No se pueden simplificar los plazos, porque hay situaciones fuera del control de la Fiscalía, sugirió la autoridad.
En este mismo tema, María del Mar Gallegos, docente universitaria y abogada, analizó la eliminación de la exigencia de una sentencia ejecutoriada en materia penal para la extinción de dominio.
Citó como ejemplo el riesgo que existiría cuando una persona arrienda un inmueble y en ese bien se comete un delito por parte del inquilino; al aplicarse la Ley resultaría afectada una tercera persona que no es parte de un delito de delincuencia organizada. Por ello, sostuvo la necesidad de respetar el principio constitucional de inocencia.
Comisión multipartidista entregará informe al Consejo de Administración Legislativa
El plazo de 60 días que tiene el Pleno de Asamblea, de acuerdo con los anexos de las preguntas de la consulta popular, vence el 8 de julio de 2024. “Estamos dentro de los plazos”, dijo Lucía Posso tras aseverar que, hasta antes del 6 de julio, sin hacer uso de prórrogas, la comisión multipartidista tiene previsto entregar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el informe final, “que está muy avanzado”. A su vez, el CAL deberá poner fecha para el debate en el pleno.
Para la aprobación del paquete de cinco reformas legales se necesitan 70 votos (mayoría absoluta). En la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), creen que no habría problema para dar paso a la iniciativa del Ejecutivo, porque se trata de un mandato aprobado en consulta popular. (SC)
Las cinco reformas que se tramitan en la Asamblea
- Incremento de las penas de los delitos de terrorismo, tráfico de armas.
- Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos como el financiamiento del terrorismo.
- Que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- Que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Discusión de las reformas en primer debate
El Pleno de la Asamblea discutió, el 10 de junio de 2024, en primer debate el paquete de cinco reformas para la aplicación de la consulta popular. Hasta ese momento, el documento contenía 24 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. En esa ocasión, Vicente Taiano (PSC) opinó que el incremento de penas para varios delitos debe tomar en cuenta la proporcionalidad de las mismas para que cumpla con su objetivo.
Jorge Peñafiel (Construye), exhortó a modificar la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes de origen ilícito sean decomisados por el Estado, sin la necesidad de una sentencia en firme.
Después del trámite en la Asamblea, que tiene plazo hasta el 8 de julio de 2024, el Ejecutivo tiene 15 días para pronunciarse.
Carlos Vera Mora (PSC), Steven Ordóñez (ADN), Patricia Mendoza (Revolución Ciudadana), Lucía Pozo (Avanza) y Catalina Salazar (Construye), integran la comisión multipartidista.