La Contraloría debe examinar los contratos colectivos de 4 empresas públicas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Petroecuador. El ministerio de Trabajo busca que se confirmen ilegalidades e irregularidades para poder declarar la nulidad de contratos colectivos costosos y que ni siquiera habrían tenido el dictamen favorable del ministerio de Economía.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, presentó este lunes 1 de julio de 2024, ante la Contraloría General del Estado (CGE), la solicitud de examen especial a los contratos colectivos suscritos en las siguientes empresas públicas:
1.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
2.- Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec)
3.- Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)
4.- Petroecuador.
Esta petición se sustenta en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, de ser el caso; así como, la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en los que se han infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la LOEP.
La petición de revisión es específica para los contratos:
• Primer contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Comité de Empresa de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021.
• Primer contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador Petroecuador y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetrapep), suscrito el 15 de noviembre de 2017.
• Al proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023.
• Segundo contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetracelec), suscrito el 10 de enero de 2018.
Según el ministerio de Trabajo, la Contraloría deberá realizar los exámenes especiales a las empresas públicas referidas, sobre la base de la suscripción de los contratos colectivos que se aprobaron sin contar con los dictámenes previos del Ministerio de Economía.
Asimismo, se deberá examinar el traslado -obtenido mediante acción de protección- de los servidores amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) hacia el Código del Trabajo, desconociendo de esta manera la condición de regímenes legales diferentes.
Es urgente transparentar los costos de los contratos colectivos en el sector público
Mientras se transparentan y analizan las reales implicaciones de los contratos colectivos, se deberían tomar medidas para evitar más perjuicios al Estado.
En primer lugar, establecer una moratoria en la negociación de los contratos colectivos, es decir, que no se firme un solo contrato colectivo más en la administración pública hasta que se defina qué va a pasar con este tipo de mecanismo.
En segundo lugar, se debe prohibir la incorporación de nuevo personal a los contratos colectivos existentes.
El país debe tener claro cuánto realmente le cuestan los contratos colectivos y a partir de ahí tomar correctivos e incluso pensar en su desaparición del sector público.
Rodrigo López, docente y miembro de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ),recalcó que los contratos colectivos parten de un error de concepto en el sector público ecuatoriano.
“Los contratos colectivos surgen como una defensa del trabajador cuando el empresario quiere abusar. Pero, en el sector público, la negociación es con un Estado garante de derechos que no va a ir en desmedro de sus propios trabajadores y no busca ganancias de capital, sino ganancias sociales”, explicó el economista de la USFQ. (JS)