El Gobierno se ha comprometido a generar alrededor de $800 millones por una mezcla de focalización de subsidios y aumento de producción petrolera hasta finales de 2024. Además, hasta noviembre de este año, se debe concretar una reforma tributaria para que, mediante una revisión del gasto tributario, reemplace la recaudación de los impuestos temporales. Entérese de los principales compromisos que se deben cumplir entre 2024 y 2025.
El acuerdo de financiamiento, que recientemente ha sido aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene un cronograma de desembolsos a Ecuador que inicia con $1.000 millones de manera inmediata, $500 millones en agosto de 2024 y $415 millones más en diciembre de este mismo año.
Es decir, en los primeros meses del acuerdo, el Gobierno de Daniel Noboa, antes de las elecciones de 2025, recibirá $1.915 millones.
Para esto, además de las medidas ya tomadas como la subida del IVA y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la actual administración deberá concretar la focalización del subsidio de los combustibles y una nueva reforma tributaria este mismo año
En 2025, se recibirán dos desembolsos de $415 millones cada un en julio y noviembre; mientras en 2026 se recibirán dos desembolsos de $250 millones en marzo y septiembre.
Finalmente, en 2027, el FMI dará dos créditos más de $250 millones cada uno; y en marzo de 2028 se dará el último desembolso de $245 millones.
A continuación, se detallan los principales compromisos que el Gobierno de Daniel Noboa ha asumido con el FMI:
1.-Focalización del subsidio a los combustibles: El FMI considera que el subsidio a los combustibles es costosos, regresivo, perjudicial para el ambiente y contribuye a actividades criminales como el contrabando.
El multilateral reconoció que la eliminación del subsidio para el sector camaronero, que se concretó en el Gobierno de Guillermo Lasso, generó un ahorro anual de $150 millones.
Sin embargo, se necesitan esfuerzo adicionales porque el total del subsidio a los combustibles sigue costando más de $3.000 millones al año.
Tanto en el informe de la misión técnica del FMI como en la carta de intención, firmada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, se establece el compromiso de reducir el costoso subsidio que todavía existe y a la par establecer mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables.
El ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, en los últimos días ha asegurado que se iría por un proceso de liberalización del precio de la gasolina extra y eco país (sin tocar diésel ni gas) y una compensación a ciertos sectores. Aunque otros voceros del Gobierno han tenido declaraciones contradictorias con los anuncios de Luque.
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En concreto, en la carta de intención y el informe técnico se especifican qué combustibles estarían incluidos en proceso de reducción del subsidio; pero se establece una meta cuantitativa de $831 millones adicionales (o,7% del PIB) hasta finales de 2024.
Pero esos $831 millones deberán conseguirse con una mezcla de menor subsidio de los combustibles y aumento de la producción petrolera. En otras palabras, en la segunda mitad de 2024, el Gobierno de Noboa tendrá que tomar medidas concretas para conseguir esos dos fines.
Hasta 2028, cuando termine el programa con el FMI, la mezcla entre menos subsidio y más producción petrolera deberá generar 1,7% del PIB o $2.000 millones anuales.
2.- Nueva reforma tributaria: El FMI resalta que el Gobierno de Noboa, a través de sus leyes económicas urgentes, ha logrado aumentar los ingresos fiscales en alrededor de $2.200 millones en 2024 (1,8% del PIB). Sin embargo, solo la subida del IVA y del ISD son medidas permanentes; mientras los impuestos temporales dejarán un hueco fiscal cuando dejen de estar en vigencia hasta 2025 ( incluida la amnistía tributaria)
Por eso, uno de los compromisos con el FMI es que, hasta noviembre de 2024, se concrete una nueva reforma tributaria para reemplazar de manera permanente la recaudación adicional de los impuestos temporales. Se espera generar una recaudación equivalente al 0,8% del PIB, es decir, alrededor de $970 millones anuales.
En términos generales, esa nueva reforma apuntará a revisar o reducir el gasto tributario, es decir, las exenciones, exoneraciones y devoluciones que actualmente establece la ley.
En octubre de 2023, durante el anterior Gobierno de Guillermo Lasso, el en ese entonces director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, presentó la estimación del gasto tributario en Ecuador y lo ubicó en $5.150 millones anuales.
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Con la nueva reforma tributaria, además de los $326 millones anules que generarán, entre 2024 y 2025, la contribución temporal por seguridad; también se deben reemplazar los $184 millones del impuesto temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas.
Asimismo, el Gobierno ecuatoriano se comprometió a bajar nuevamente el ISD porque el FMI lo considera un impuesto distorsivo y que desincentiva a atracción de inversiones.
3.- Reducir el déficit fiscal: Entre los compromisos con el FMI también se incluye ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal. Así, en 2024, de una proyección inicial de $5.000 millones de déficit (sin tomar en cuenta la subida del IVA y otras medidas), se debe pasar a un déficit de alrededor de $2.400 millones o 2% del PIB.
Hasta el final del acuerdo, es decir en 2028, el déficit deberá convertirse en un superávit fiscal equivalente al 0,6 del PIB.
En el caso del gasto en salarios, el FMI recomienda contener su crecimiento y atar las revisiones salariales a la inflación. También, se recomienda suspender nuevas contrataciones y compras que no sean esenciales.
El Gobierno debe presentar, hasta diciembre de 2024, un nuevo plan fiscal que tome en cuenta las metas del acuerdo con el FMI.
Se espera establecer un camino claro para que la deuda pública vuelva al límite legal del 40% del PIB en 2032. Hasta octubre de 2024, se deberá presenta un plan para lograr el objetivo de ir bajando el peso de la deuda pública.
4.- Plan para cubrir atrasos en el sector público: Hasta noviembre de 2024, y de la mano del mejoramiento de las cifras fiscales, el Gobierno de Noboa deberá presenta un plan para ir cubriendo los atrasos que se han acumulado en el sector público, tanto con proveedores como con entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Este plan no solo debe incluir cómo se irán pagando las deudas pendientes; sino cómo se prevendrá que vuelvan a repetirse problemas de falta de pago como los de finales de 2023 y comienzos de 2024.
5.-Completar el registro social e incrementar beneficiarios de ayudas: Hasta octubre de 2024, el Gobierno de Noboa debe presentar un plan para completar el registro social, es decir, la base de datos de los beneficiarios de los bonos y ayudas sociales que se entregan desde el Gobierno Central. La meta es cubrir a las familias de más bajos ingresos.
Hasta 2028, se deberá añadir 50.000 familias por año a los programas de bonos y ayudas sociales. Es decir, cuando termine el acuerdo con el FMI, 200.000 familias más tendrán cobertura social de este tipo.
6.- Controlar las compras públicas: Hasta diciembre de 2024, el Gobierno de Noboa debe presentar un cronograma para establecer un Subsistema Nacional de Control de las Compras Públicas, donde participen todas las entidades de control del país. El objetivo es mejorar los procesos de compras públicas, tener bases de datos interconectadas y obtener una mayor eficiencia del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
7.-Ajustar los pagos de la deuda de salud con el IESS: Otro compromiso asumido es que, hasta octubre de 2024, el Gobierno debe firmar un acuerdo actualizado para establecer los pagos de la deuda por los servicios de salud del IESS. Se debe mejorar el acuerdo firmado en 2022 para que sean más ágiles los procesos de auditoría, verificación y pago de obligaciones.
Hasta diciembre de 2024, se debe identificar un auditor que revise las cuentas pendientes por servicio de salud del IESS de 2023 y 2024.
8.- Implementar recomendaciones de la Autoridad de Servicios Financieros (FSSA): El Gobierno de Noboa también se ha comprometido a tomar varias medidas para fortalecer el sistema financiero del país.
Hasta septiembre de 2024 se debe establecer cómo se implementará un Comité de Estabilidad Financiera, con participación del Banco Central, la Junta Monetaria, la Junta financiera, al Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías y el Seguro de Depósitos.
A la par, y con el objetivo de tener más transparencia, se debe comenzar a transmitir la información crediticia del Biess (Banco del IESS) a los burós de crédito.
Hasta marzo de 2025, con apoyo del FMI, el Gobierno debe identificar los principales pilares o líneas maestras de una reforma al sistema de techos de tasas de interés, el cual actualmente excluye del crédito a una parte de los ecuatorianos.
Hasta noviembre de 2024 también se debe hacer una revisión y reforma del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central.
9.-Auditoría de Petroecuador y mayor producción petrolera: Hasta marzo de 2025 se debe concretar la auditoría de los balances financieros de Petroecuador correspondientes a 2019 y 2020. Además, se deben establecer iniciativas para que exista una mayor participación del sector privado, tanto para aumentar la producción diaria de crudo como la capacidad de refinación de derivados en el país.
10.- Reforma del mercado laboral: Aunque sin establecer plazos ni medidas específicas, el FMI recomienda una reforma de la legislación laboral para que se puede generar más empleo en el país. Entre las mayores rigideces del mercado laboral ecuatoriano, el FMI ha identificado los altos costos de despido, los contratos de trabajo rígidos y los altos salarios mínimos.
11.- Lucha contra el lavado de activos: Un proyecto para Suprimir y Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, elaborado con asistencia del FMI, se envió a la Asamblea en octubre de 2022.
Además, un nuevo proyecto está bajo discusión de los asambleístas, donde se reúne diferentes propuestas.
El Gobierno de Noboa se comprometió a impulsar que se apruebe nueva legislación que fortalezca la lucha contra el lavado hasta febrero de 2025.
12.- Reducir más el riesgo país y vuelta a los mercado internacional de bonos: El FMI considera que, si persiste en un plan fiscal creíble, se podrá reducir más el riesgo país (que actualmente está en 1.274 puntos). Con esa reducción adicional, y una mejora de la credibilidad, se espera que Ecuador pueda volver a los mercado internacional y emitir bonos de deuda. Así, se proyecta que se puedan colocar $1.500 millones en 2025 y $2.000 millones en 2026. (JS)