Desde la militarización de las cárceles (enero 2024), las actividades de recreación fueron suspendidas. Desde mayo de 2024, escasean los alimentos. Este panorama podría provocar amotinamientos.
Un pedazo de sandía y un pan es el almuerzo en la cárcel de Cotopaxi, una de las nueve que se quedaron sin empresa proveedora de alimentos, luego de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) cancelara el contrato con la Lafattoria, a la que el Gobierno pidió investigar por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde mayo de 2024, esta compañía ya no entrega la comida en las cárceles de:
- Esmeraldas
- Carchi
- Imbabura
- Sucumbíos
- Pichincha
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Napo
- Cotopaxi
- Guayas
Y se ha anunciado que le quedan dos meses de servicio en la cárcel de Manabí.
Ante la falta de comida, los familiares de los presos – junto a organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia– ingresan donaciones de comida, pero no son suficientes. Mientras, el SNAI evita contestar a los pedidos de información y solo ha señalado que se encuentra en un proceso contractual para renovar el servicio, aunque no ha especificado fechas.
Esta falta de garantías a la alimentación se suma a otros abusos denunciados por los familiares de las personas privadas de la libertad (PPL) y organizaciones de los derechos humanos.
Abusos y falta de recreación en las cárceles
‘Insight Crime’ un organismo internacional especializado en crimen organizado y población carcelaria recogió el testimonio de Nicolás, quien salió de la cárcel de Cotopaxi en mayo de 2024, pero quien recuerda cómo la militarización de cárceles llegó acompañada de abusos.
“Nos cogieron a todos y nos pusieron boca abajo, de rodillas, y nos pisaban los dedos con las botas. Nos pisaban las espaldas, nos pisaban la cabeza, la nuca, mientras revisaban toda la celda y botaban todo lo que estaba ahí”, recuerda Nicolás, sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas.
Los militares llegaron tras declararse el conflicto armado interno y descubrieron lo que otros Gobierno ocultaban: celdas de lujo y extorsiones de cabecillas de bandas a otros presos.
Sin embargo, Ana María Salcedo, esposa de un preso dice que pasaron de “un tipo de abusos a otros”, pues si bien los cabecillas salieron de Cotopaxi “ahora son los militares quienes tienen malos tratos con los presos”. De hecho, desde enero – dice Salcedo– se cancelaron las actividades de recreación así como los talleres que son parte del procesos de rehabilitación de los reos”.
Durante una visita a la cárcel de Cotopaxi, LA HORA constató que los presos tienen una hora de ejercicio, guiado por los militares, en los patios. Sin embargo, los talleres y clases estaban suspendidos. Únicamente en el pabellón de mujeres había actividades como elaboración de batas y fundas de regalo.
Nicolás dijo a ‘Insight Crime’ que en una ocasión los militares hundieron su cabeza en un tanque de agua helada. “Los soldados les exigían información sobre depósitos de armas y drogas. Pero no se limitaron a interrogar a los miembros de las pandillas”, indica el organismo.
SNAI no especifica las causas de las muerte de los presos
El SNAI ha negado que existan muertes o presos trasladados a hospitales por inanición, pero tampoco ha revelado las causas exactas de los 24 reos que han muerto en lo que va del año, según la Defensoría del Pueblo, entidad que investiga posibles actos de tortura en las cárceles. De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW), advirtió a Daniel Noboa, presidente del Ecuador, sobre «serias violaciones de derechos humanos» por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tras la declaratoria de conflicto armado interno.
HRW también denunció que «los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».
«Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión«, agregó la organización.
Human Rights lamentó que «las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones».
Los presos podrían amotinarse ante la falta de comida y recreación
El último amotinamiento de los presos fue en marzo de 2024. Los militares tomaron el control de la cárcel Regional del Guayas, pero la acción dejó un muerto y al menos tres heridos.
“Queremos a los militares afuera”, gritaban los reos que grababan la quema de colchones y lo transmitían en redes sociales, pese a las constantes requisas hechas en esa prisión.
Sofía T., trabajó como tallerista de cárceles. Para ella es penoso que el sistema “no busque una verdadera rehabilitación” y solo “propicie un ambiente de tensión que se convierte en una bomba de tiempo para futuros amotinamientos”.
“Una persona con hambre es capaz de lo que sea y nadie está al tanto del estado psicológico de los presos. De hecho, muchos tienen posibilidad de rehabilitarse, pero el sistema los obliga a asociarse a bandas porque ahí encuentran cómo hacer más amigable su estancia en la cárcel”, destaca la tallerista quien ex psicopedagoga.
La problemática del hambre es mayor en nueve cárceles, pero podría extenderse a las otras de no iniciar el proceso contractual con una empresa proveedora.
En prisiones como LA ROCA los alimentos están garantizados, pero los presos permanecen 23 horas en sus celdas y solo salen una al patio.
Es en esta prisión donde se encuentran cabecillas de bandas y figuras políticas como Jorge Glas, quien mantiene una huelga de hambre desde hace 60 días(AVV).
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