Sin presupuesto, tecnología ni respaldo para aplicar sus recomendaciones funciona la Superintendencia de Competencia Económica en Ecuador

PERSONAJE. Ricardo Freire cree que se necesita un cambio radical para que la normativa incentive y no limite la competencia en Ecuador
PERSONAJE. Ricardo Freire cree que se necesita un cambio radical para que la normativa incentive y no limite la competencia en Ecuador

En Ecuador hay poca competencia. Se legisla a ciegas y luego no se da seguimiento. El resultado son trabas e ineficiencia. La Superintendencia de Competencia Económica hace lo que puede; pero ni sus recomendaciones se ponen en práctica.

Ricardo Freire, intendente general técnico de la Superintendencia de Competencia Económica, explicó, durante una entrevista con LA HORA, porque el mercado interno ecuatoriano es poco competitivo y por qué esa es una de las trabas estructurales para el desarrollo del país como establece un reciente estudio del Banco Mundial.

P ¿Cómo se puede describir al mercado interno ecuatoriano en términos de competencia? ¿Es cierto que Ecuador es poco amigable a la competencia?

En Ecuador existen altas barreras normativas, altas barreras de acceso, que no necesariamente son conductas anticompetitivas, sino que tienen que ver con las regulaciones.

No ha existido una adecuada visión de cómo incentivar mayores participaciones en todos los mercados.

Esto va desde mucho más allá de las atribuciones de la Superintendencia. Desde el proceso para crear una empresa; los requisitos que te piden: luego lo que tienes que buscar a nivel de que te habiliten participación en ciertos sectores, como por ejemplo con títulos de habilitantes. Es una cadena, una serie de cosas que desincentivan la participación de nuevos actores en los diferentes mercados.

Esa es la gran razón de que en varios sectores de la economía haya una baja ocurrencia de operadores (competidores).

El Ecuador necesita urgentemente un gran análisis de barreras burocráticas y por supuesto fortalecer a la autoridad de control.

P ¿Cómo leen las conclusiones de un reciente informe del Banco Mundial que establece que la Superintendencia de Competencia Económica es una de las menos independientes de América Latina?

Desde el principio de la actual administración lo que hicimos es apegarnos a las mejores prácticas internacionales y para eso hemos desarrollado cercanía con organizaciones internacionales como el Banco Mundial

Abrimos las puertas a la totalidad de la gestión de la Superintendencia y se hizo un examen inter pares sobre la competencia en Ecuador con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Entre las principales conclusiones se deja claro la necesidad de incrementar el presupuesto de la Superintendencia, de revisar la estructura de los recursos humanos, de hacer cambios normativos urgentes.

El presupuesto de la institución es bajo. Para hacer contratación de personal o solicitar más dinero dependemos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Ese es el problema de independencia. Somos parte de la función de transparencia y control social y la ley dice que tenemos autonomía administrativa y financiera.

Eso no se ejecuta: incluso las sanciones que imponemos van directamente a la Cuenta Única del Tesoro y no se quedan en la institución.

Ninguno de los pedidos ha tenido eco ni en la Asamblea ni en el Ejecutivo en cinco años.

P ¿Con cuánto personal realmente cuentan para controlar la competencia en Ecuador?

El corazón central de una autoridad de competencia son las sanciones o las investigaciones alrededor del abuso de poder de mercado (prácticas restrictivas, carteles duros, fijación de precios). Uno de los mayores problemas es el número de personal. En la intendencia que trata, tanto del abuso de poder de mercado como de las prácticas restrictivas, tenemos entre 16 y 17 funcionarios.

En comparación, la Superintendencia colombiana, solo para prácticas restrictivas, tiene entre 50 y 60 personas.

Hemos inclusive solicitado que no nos den partidas definitivas, sino provisionales (contratos ocasionales) para reforzar las áreas investigativas.

P ¿La Superintendencia ecuatoriana cuenta con capacidades tecnológicas para hacer investigaciones y controles?

Necesitamos presupuesto para inversión en herramientas de investigación. Colombia y Brasil tienen un sistema que les permite detectar, por ejemplo, carteles, o posibles indicios de prácticas anticompetitivas, solo con el análisis de Big Data. Lo que hacen es cruzar grandes fuentes de información y analizar con aplicación de algoritmos.

Nosotros llevamos tres años en el desarrollo de un proyecto que aún no tiene financiamiento. Justamente porque nos dimos cuenta de que tal vez nunca nos van a asignar más personal, necesitamos más tecnología. Pero, estamos con el problema de que ni siquiera nos han asignado presupuesto para la compra de nuevas computadoras.

Tenemos equipos y hardware que no se ha renovado en 11 años. Incluso está en riesgo el resguardo de esa información. Ni siquiera hemos podido dar el salto a la nube.

Si no tienes buenas herramientas, muchas cosas podrían pasar desapercibidas. Muchas cosas se pueden empezar a demorar un poco más.

En los últimos tres años se ha multiplicado por cuatro los trámites que procesa la Superintendencia; pero sin más personal ni tecnología.

P ¿Es cierto que en el país se legisla sobre competencia a ciegas y sin suficiente información; y que además las recomendaciones de la Superintendencia no se toman en cuenta?

La Superintendencia es la autoridad de investigación y control de conductas anticompetitivas. Buscamos mejorar las condiciones del mercado a través de sancionar las conductas anticompetitivas y del control de concentraciones.

Tenemos otra herramienta que es el fomento a la competencia. Hacemos estudios de mercado sobre las barreras normativas y competitivas en sectores como el agrícola, por ejemplo, la leche y el azúcar.

Cuando se aprobó una nueva ley de la leche en la Asamblea, no se tomó en cuenta nada de lo que determinamos y se replicó la misma metodología de cálculo del precio, que ya estaba distorsionando el mercado

Nos dimos cuenta de que el Estado no tiene información actualizada para la toma de decisiones. No saben cuál es el problema en el mercado de la leche, ni siquiera cuántos productores hay a nivel nacional. ¿Cómo vas a saber qué se debe incentivar y cómo se debe incentivar?

En nuestro estudio establecimos que no se necesita tanta leche y hay una sobreproducción a nivel nacional.

Si tienes un precio fijado, entonces resulta más interesante producir más. Así, inflas la producción e incluso incentivas un mercado informal.

Lo que pasa en Ecuador es que sacas una regulación sin sustentos y después no haces la evaluación de lo que ha sucedido. No sabes si mejoraste o empeoraste las condiciones de competencia, si produjiste más distorsiones.

La Superintendencia emite estudios con recomendaciones detalladas de mejora, pero como no son vinculantes nadie les hace caso.

P No solo el sector privado tiene responsabilidad de la competencia en Ecuador ¿Cuánto realmente influye el Estado con su desconocimiento, ineficiencias e intereses?

No solo las empresas privadas pueden generar distorsiones en el mercado con su actividad, sino que el Estado desde su regulación es el que puede generar distorsiones o restricciones al desempeño de los mercados. En Ecuador hay una sobrerregulación, una gran cantidad de regulación que no está adecuadamente justificada. Eso es responsabilidad del Estado.

Un ejemplo claro de eso son los requisitos que tú tienes que exigir para dar un título habilitante en cualquiera de las agencias de regulación y control en el país.

Pueden ser parámetros demasiado altos que no pueden cumplir las medianas y pequeñas empresas o los emprendimientos.  Entonces impides que entren a competir en algunos mercados.

P ¿Entonces lo que está pasando es que en Ecuador se regula todo el tiempo, pero sin control posterior, sustentos ni una política pública detrás?

Creas una regulación que no tiene un sustento previo entonces no sabes qué quieres arreglar, y cómo lo quieres arreglar. Pero sacas una regulación y después no haces la evaluación de lo que ha sucedido.

Todo esto le afecta al país. La superintendencia tiene una herramienta para hacer observaciones a otras entidades públicas sobre los problemas que se están generando por las regulaciones que emiten; pero como no son vinculantes nos pueden seguir dando las vueltas y no pasa nada.

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado tiene como uno de sus grandes fines que haya más competencias, que haya más participantes en los mercados, que mejore la competitividad. Todo esto no sucede porque el sistema en su totalidad no funciona.

P ¿Por qué el sistema, creado para fomentar la competencia, no funciona en el Ecuador?

 Aparte de la Superintendencia, tienes la Junta de regulación creada en la Ley Orgánica. Esa junta debería funcionar como el gran paraguas o el ente rector y generador de política pública regulatoria.

Pero no hay una sola regulación emitida por la Junta, pero hay una serie de normativas secundarias que restringen la competencia, emitidas por agencias y otras entidades sin coordinación ni sustentos.

Tienes al menos 14 agencias de Regulación y Control sectoriales y a eso se suman entidades como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop); pero cada una hace las cosas por su lado.

La regulación debería emitirse para corregir y mejorar las condiciones de los mercados, no para limitarlos como pasa en Ecuador.

Entonces, el ecosistema de competencia en el país ya se ha convertido en un enredo.

P ¿El enredo en el sistema y la no aplicación de las recomendaciones ha impedido, por ejemplo, mejores condiciones en sectores tan importantes como las telecomunicaciones?

Nosotros identificamos varios estudios sumamente importantes para fomentar de forma transversal cambios estructurales. El primero de ellos y fue cuando empezó todo el tema de la renegociación con las telefónicas.

Tenemos un estudio al sector de las telecomunicaciones principalmente al servicio móvil avanzado en el país. Se establecieron recomendaciones con parámetros claros de mejora remitidas a la Junta de Regulación, al directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y al director ejecutivo de Arcotel

Ahí están las claves para que los procesos y luego la asignación de los servicios pueda hacerse más eficiente y competitiva, debido a que lo que está sucediendo ahora es una renovación directa.

También recomendamos que haya procesos más competitivos que presionen a los distintos oferentes para ver qué otras cosas pueden ofrecerle al país, qué mejores condiciones se puede sumar al servicio.

Está pendiente la emisión del reglamento del mercado de las telecomunicaciones que está a cargo de la Arcotel. Este reglamento permitiría entender con claridad y determinar una metodología de análisis de cada uno de los mercados relevantes en el sector telecomunicaciones.

Entonces, se podría entender exactamente, qué está sucediendo, cómo está sucediendo y qué tipo de situaciones podrían ser corregidas en los nuevos contratos que se van a firmar.

Los beneficiarios de un mercado de telecomunicaciones más competitivo somos todos los usuarios y consumidores, entre ellos los emprendimientos, las medianas, pequeñas y grandes empresas. Ya tienes sectores mucho más tecnológicos en Ecuador, pero lo que necesitan es tener mejor conexión a Internet, por ejemplo

Mejores telecomunicaciones te pueden hacer mucho más eficiente el intercambio de información, el análisis de los datos específicos de tu empresa, puedes mejorar la productividad de la agricultura, ir al tema del internet de las cosas.

Hay muchas cosas que se pueden disparar con mejores conexiones, con mejor conectividad. Hicimos todas las recomendaciones formales a la Arcotel en 202, pero todavía estamos esperando que se cumplan.

P Otro sector en donde existen fuertes cuestionamiento por ineficiencia, e incluso corrupción, es la contratación pública. ¿Tiene un estudio de cómo mejorar las condiciones competitivas en ese sector y cortar las trabas estatales?

Tenemos un estudio al Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de entender cómo mejorar las condiciones de competencia en los procesos. Son de 7 a 8 páginas al Sercop. Hace una semana fuimos a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que está trabajando una reforma a la Ley de Contratación Pública.

Les contamos nuevamente de nuestro estudio y les propusimos algunos articulados que mejoren las condiciones de competencia en la contratación pública.

Entonces, si mejoras las telecomunicaciones, y al mismo tiempo haces más eficiente la contratación pública, con mayores parámetros de competencias y mejores estándares, hay dos cosas que debería suceder: contrataciones a menores precios y mejores productos.

Si mejoras las condiciones de competencia en la contratación pública, haces un uso más eficiente de los recursos del Estado. Si mejoras la eficiencia del uso de las telecomunicaciones, también puede utilizar mejor los recursos de Estado.

Imagínate ya solo lo que se puede ahorrar ahí y cómo podrías incentivar otras cosas, a la qué podrías dedicar parte del presupuesto del Estado con mayores eficiencias solo en esos dos sectores.

P ¿Por qué en la última reforma que se hizo a la Ley Orgánica regulación y control de Poder al Mercado no se consiguió que las recomendaciones de la Superintendencias fueran vinculantes?

La Superintendencia participó en la Asamblea muy activamente en el trámite en la Asamblea y propusimos que se establezca que nuestras recomendaciones sean vinculantes, por esta visión de pesos y contrapesos.

 Si tú tienes la facultad reguladora en la función ejecutiva, tiene que haber una evaluación de que eso esté emitido con parámetros de competencia. Y, si quieren restringir. que se cumpla con el proceso que está establecido en la ley.

Esto fue vetado por la Presidencia anterior. Fue aprobado por la Asamblea, pero hubo un veto que fue emitido desde la función ejecutiva y entonces nos quedamos exactamente en las mismas.

 Lo que hemos buscado cada vez que se emiten nuestras recomendaciones no solo es ponerlas en conocimiento de las autoridades específicas sectoriales, sino también de la Junta de regulación y de la Presidencia de la República

Esa junta, que está conformada por la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía no cumple su función principal. Imagínate lo que sucedería si cada una de las instituciones relacionadas a la competencia y la regulación actuará con visión de competencia. (JS)

¿Quieres recibir las noticias más importantes? ¡Suscríbete sin costo, recíbelas por WhatsApp! Da clic aquí.