Con una moción planteada por el Partido Social Cristiano (PSC), el pleno de la Asamblea Nacional se ratificó y resolvió sobre una solicitud de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, y no autorizó el enjuiciamiento penal en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el presunto delito de concusión.
Una moción previa que fue planteada por Leonardo Berrezueta (Revolución Ciudadana) para que se autorice el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta Verónica Abad, fue negada con 74 votos. En contra de la moción hubo 74 votos; de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK). Un sector de Construye se abstuvo.
La iniciativa de Berrezueta solo tuvo el respaldo de 41 legisladores. ADN y un sector de independientes). Al presentar su moción, Berrezueta dijo que votaría en contra «porque no estoy de acuerdo, más allá de las jugarretas del presidente de la República, (Daniel Noboa); llamo al presidente a hacerse cargo del problema», dijo en la Sesión de la Asamblea convocada por Henry Kronfle (PSC).
Con una segunda moción, esta vez, planteada por Gisella Molina (exGente Buena), actual militante del Partido Social Cristiano (PSC), el pleno del Parlamento se ratificó, y con 75 votos a favor desechó la posibilidad de que la CNJ pueda continuar con el enjuiciamiento penal en contra de la segunda mandataria.
A este objetivo también se sumaron los votos de la Revolución Ciudadana, de Construye, y Pachakutik.
Los 38 votos en contra de la moción de Molina fueron del oficialista ADN (36), y dos independientes.
Los argumentos de Construye para abstenerse
Previo a la instalación de la sesión, en sus redes sociales, el movimiento Construye argumentó su decisión de votar en abstención. «Hoy vamos ciegos a la sesión de la Asamblea Nacional, no nos han entregado un solo documento sobre los argumentos que presuntamente vinculan a la Vicepresidenta a una infracción penal».
Añadieron no estar de acuerdo con ningún tipo de reserva sobre información tan relevante. Respetamos la posición de algunos miembros de la bancada que consideran que la investigación debe autorizarse de inmediato y votarán en ese sentido.
La bancada de Construye es de la opinión que Abad deberá ser investigada una vez que termine su mandato, es decir en ocho meses, cuando deje el cargo, que lo «ocupa porque fue elegida como su compañera por (el presidente de la República) Daniel Noboa».
Este sector político hizo un llamado al Gobierno a resolver este conflicto interno y dedicarse a solucionar los problemas de seguridad y empleo que asfixian a los ciudadanos.
«Sucio pacto político»
Poco después de la decisión de la Asamblea, el Gobierno emitió un comunicado en el que tituló «PSC, RC y Construye salvan a Abad», y argumentó que la votación es la «evidencia más clara de lo que ya conocíamos: un sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país».
También señaló que la «troncha política queda en evidencia», y defendió como «motivada» la solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Abad. (SC)
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