Ginebra, EFE
El Comité de la ONU sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus familias pidió hoy a Ecuador información sobre casos de detenciones que puedan haber ocurrido antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Ecuador acudió a ese Comité, que ha concluido una ronda de sesiones en Ginebra, para presentar, junto a otros países, su tercer informe periódico sobre su cumplimiento de la convención internacional que protege los derechos de ese colectivo.
El órgano de la ONU hizo públicas hoy las observaciones y conclusiones a las que ha llegado tras ese escrutinio, contenidas en un informe que encomia el cierre del centro de detención migratoria Hotel Carrión, así como que la legislación que prohíbe las detenciones en un procedimiento migratorio.
Sin embargo, el Comité pide al Gobierno ecuatoriano que investigue de forma exhaustiva «las posibles detenciones arbitrarias» antes de que esa prohibición entrase en vigor y, en tal caso, pide sanciones para los responsables y que se garanticen las reparaciones debidas.
En esta misma línea, se insta a Ecuador a asegurar que en los procedimientos de admisión e ingreso en aeropuertos se garantice igualmente el principio de no detención y el acceso a la Defensoría del Pueblo.
El informe critica la deportación masiva de un centenar de cubanos a mediados del año pasado, entre los que había niños y adultos mayores, a quienes no se habría permitido presentar un recurso para impugnar esa medida.
«En este caso llama la atención la revocatoria desde el poder ejecutivo de decisiones judiciales que ordenaban la libertad», agrega el Comité. Por otra parte, el informe del Comité de la ONU considera preocupante que para optar por la regularización se pida a los trabajadores inmigrantes demostrar «medios de vida lícitos en el país», ya que esto excluiría del procedimiento a muchas personas, en particular a aquellos con trabajos autónomos informales.
A este respecto, el informe menciona la inquietud que genera el hecho de que «los procesos existentes de regularización de la población migrante sean de difícil acceso por su costo y distancia».
En este mismo capítulo, el Comité pide al Gobierno ecuatoriano que se facilite la regularización de personas que no provienen de países del Mercosur, en particular de Asia y África. Lo mismo pide para personas consideradas «vulnerables», entre las que incluye a los venezolanos, para los que se sugieren visas humanitarias.