Kleper Verduga y Gustavo Massuh debían rendir sus declaraciones. ¿Qué sigue ahora?
En una pequeña sala del Complejo Judicial Norte de Quito, el juez nacional Miguel Jurado intentó sin éxito instalar las dos audiencias para recibir los testimonios anticipados, primero de Klever Verduga y luego de Gustavo Massuh, ambos parte de los procesados por el presunto delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.
La primera audiencia, convocada para las 14:00, no se pudo instalar por la inasistencia de Hernán Ulloa, defensor del excontralor Carlos Pólit, vinculado en esta investigación penal. Tampoco asistieron los defensores de Ricardo Rivera, Freddy Salas y Gustavo Massuh, el abogado de este último en virtud a que se encontraba preparándose para la audiencia del mismo Massuh, convocada para dos horas más tarde.
La historia, sin embargo, se repitió en el caso de Massuh, ya que Hernán Ulloa volvió a insistir, así como Aníbal Quinde, defensor de Rivera, y Edgar Molina, defensor de Salas. El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, no se mostró contrariado por el diferimiento, por el contrario, explicó que cada paso de este proceso debe realizarse conforme a Derecho, por cuanto entiende la decisión del juez Jurado de diferir la audiencia, a fin de no dejar en indefensión a los procesados cuyos abogados no asistieron.
«Si hay abogados que no concurren a la diligencia, el juez debe garantizar que esas personas (los procesados) puedan ejercer su derecho a la defensa”, señaló. Sin embargo, también celebró que Jurado haya dispuesto que se oficie a la Defensoría Pública a fin de que si en la próxima audiencia tampoco asisten los abogados, esta preste una defensa técnica a los procesados que hagan falta a fin de no perder más tiempo dentro de los 16 días que quedan antes de que concluya la instrucción fiscal y no se puedan presentar más elementos de convicción a este caso.
El exempleado de Rivera
El defensor del vicepresidente Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, aprovechó la presencia de la prensa para rechazar que se haya incorporado al proceso información de un excolaborador de Ricardo Rivera, en el que demostraría la cercana y constante relación entre el vicepresidente y su tío carnal, con un pen drive ‘forjado por él’.
Según Franco, Alfredo Antonio Alcívar Arauz pretende mancillar el prestigio del segundo mandatario, “quien de manera sospechosa rindió una versión, no en el marco de esta instrucción fiscal, sino en una investigación previa”.
Añadió: “Ustedes saben que toda versión en etapa de investigación previa es secreta, es reservada, así lo dice el artículo 30 de la Ley de Comunicación y el 472 del Código Orgánico Integral Penal”, por lo que responsabiliza al fiscal Wilson Toainga por no guardar la reserva y violar el debido proceso, “no puede traspapelar de una investigación previa a una instrucción fiscal”.