La Contraloría realiza tres exámenes al uso que se ha dado desde el Estado al dinero del fondo para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Lo confirmó el titular del organismo, Pablo Celi.
El tema volvió a generar polémica la semana pasada, cuando el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reconoció que el Gobierno tomó 300 millones de dólares de ese fondo para darle liquidez al Estado.
“Lo que hicimos fue un manejo integral. Vamos moviendo esos recursos, como dinámica. No podemos tener recursos ociosos. De acuerdo con las necesidades de liquidez, vamos moviendo esas cuentas teniendo en mente que, cuando se requieran, tendrán que estar disponibles”, justificó De la Torre.
Sin embargo, que el Gobierno haya echado mano de ese dinero no es nuevo. En julio de 2016, en el Régimen de Rafael Correa, se dio a conocer un oficio reservado de la Secretaría del Tesoro Nacional, en el que constaba la transferencia de 120 millones de la reconstrucción.
Ese dinero, según explicaron las autoridades en su momento, fue utilizado por el Ministerio de Finanzas para el pago a las empresas o personas naturales proveedoras de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas. Pero no se aclaró si se trata de deudas con contratistas que estaban impagas antes del terremoto.
En lo legal
Pero el tema pasó ayer incluso al plano judicial. Andrés Páez, excandidato a la Vicepresidencia y precandidato a la Alcaldía de Quito, llegó a la Fiscalía para presentar una denuncia contra De la Torre por supuesto peculado. Según el demandante, el Ministro tomó el dinero para emplearlo en gasto corriente.
300
millones se tomaron de este fondo a finales del año pasado. Eso, explica Páez, contradice el artículo 81 del Código de Finanzas Públicas, que señala que los egresos permanentes del Estado solo pueden ser financiados con ingresos permanentes. Lo que no aplica para los fondos de la cuenta de la reconstrucción, pues se trata de dinero recolectado por un caso excepcional.
“Ese dinero no podía ser utilizado sino en la reconstrucción de Manabí, en la atención a los damnificados”, dijo Páez quien, por otro lado, alega que el artículo 278 del Código Penal tipifica como peculado el acto en el cual los servidores públicos disponen arbitrariamente bienes, dinero público o privado que estén en su poder en virtud de su cargo.
“La pregunta es: ¿Por qué no está terminado el hospital de Chone? No está terminada la infraestructura hospitalaria en Bahía, ni en el Carmen, no está el terminal aéreo de Manta. Hay 5.000 personas que no tienen casa y el Gobierno, en lugar de atender todo eso, toma los 300 millones para pagar sueldos”, reclamó Páez. (LGP)