El planteamiento es que estos negocios desarrollen planes de convivencia con la gente del sector.
Entre las calles Bolivia y Juan Murillo, en La Mariscal, operan los centros de tolerancia Swing, Blus, 148 y 122. Los habitantes de las casas y condominios de esa zona piden la salida de estos negocios, pero los dueños de restaurantes, panaderías, tiendas de abarrotes, ferreterías y farmacias defienden la actividad de sus vecinos.
Juan Medina, quien vive en un condominio de la Bolivía, dijo que las autoridades deben entender que ningún padre de familia quiere tener de vecino a un prostíbulo.
Comentó que en el sector se ve a personas que salen de estos sitios sin poder pararse, que rompen botellas, que hay mujeres que pelean en las calles usando un vocabulario soez y ellos no pueden ponerles orejeras a sus hijos.
Los miembros de una familia que tiene un departamento sobre una ferretería informaron que actualmente hay mayor control en la venta de licor y que las riñas son esporádicas. Los centros de tolerancia de esa zona operan desde las 11:00 y permanecen abiertos hasta las 19:00.
Sus aliados
Los dueños de los negocios que funcionan en estas calles, que abren sus puertas desde las 08:00, aseguran que la operación de los centros de tolerancia ayuda al sector comercial.
Blanca Rúales, quien vende tiques de la Zona Azul, confirmó que la presencia y apertura de los prostíbulos le favorece, porque tiene ingresos permanente ya ninguno de los locales dispone de áreas de parqueo.
EL DATO
Hay 112 budereles, según la Secretaría de Inclusión, en estos están incluidos los 21 que tienen permisos y están ubicados en la zona industrial. Soledad Carrión, quien tiene una tienda frente a un prostíbulo, defiende la permanencia de este tipo de negocios. Explica que gracias a sus vecinos por lo menos vende caramelos, bocaditos, pan o leche por las mañanas. “Si no fuera por ellos estos negocios se cerrarían”, acotó.
A las trabajadoras sexuales y a los dueños de los centros de diversión los mira como a personas que también necesitan trabajar para sobrevivir y mantener sus hogares. “Pienso que lo que debe hacer el Municipio es autorizar la operación de estos negocios y recoger a las chicas que están trabajando en la calle y reubicarlas”, dijo la comerciante.
Juan Pablo Castro, dueño de un restaurante de comida rápida, opinó que mientras cumplan con las normas y las ordenanzas no hay problema en que permanezcan donde están. “Ellas están dentro de una casa y no ofenden a nadie, es un sitio de trabajo y no tienen que quitarles o aislarles”.
Dice que a las chicas que están en la calle sí deberían reubicarles, porque genera problemas de inseguridad.
Fernando Montenegro, propietario de una ferretería en la calle Bolivia, considera que hay una mayor convivencia con este tipo de negocios, que se ha mejorado la seguridad y ahora dan vida a la calle. “La gente de Quito está acostumbrándose a los sitios de tolerancia, pero siempre que cumplan con las normas de convivencia”, dijo.
La propuesta
El último jueves en el Concejo Metropolitano se planteó que la operación de los centros de tolerancia esté ligada a un plan de convivencia pero siempre que justifiquen una preexistencia, es decir que hayan obtenido algún tipo de permiso hasta antes de 2012 ya sea por el Cuerpo de Bomberos o el mismo Municipio. Para su aprobación, el tema debe tratarse en segundo y definitivo debate.
Sergio Garnica, presidente de la Comisión de Uso de Suelo, dijo que la propuesta tiene el informe favorable de la Comisión y que la emisión de un licenciamiento por preexistencia tiene la finalidad de dar una solución definitiva a este tipo de negocios que operan en sitios incompatibles y de manera irregular. (PSD)