El pasado viernes 9 de marzo, a las 12:00, debía comparecer a rendir versión César Guerra Navarrete, el gerente de Dygoil, una empresa que junto a Gente Oil Ecuador conformó el consorcio DGC para participar en la adjudicación del campo petrolero Singue, en un proceso de licitación donde la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en contra de altas autoridades de Sectores Estratégicos.
Guerra presentó un escrito explicando su inasistencia y solicitando una nueva fecha y hora para cumplir con la diligencia. Actualmente, la Fiscalía General del Estado investiga ese caso, que en su momento fue mediático porque implicó una determinación de destitución en contra del exvicepresidente Jorge Glas, quien en el proceso de adjudicación participó como miembro del Comité de Licitación.
Se trata de una investigación por posible delito de peculado y, además, de un perjuicio al Estado que sería de más de 5,2 millones de dólares, por calcular la tasa interna de retorno, sin sustento legal, en el 80% y no en el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas por los 2’040.556 barriles, previstas para los 20 años de ejecución del contrato. Al 30 de septiembre de 2016 se explotó el 144% de lo previsto para 20 años. La sobre-explotación alcanzó el 244%.
En la adjudicación, la Contraloría identificó varias irregularidades, por ejemplo, que la oferta del Consorcio DGC no cumplía con los requisitos establecidos en la base de la licitación. Hay, además, descubrimientos escandalosos, como que Silvana Pástor, hija del Wilson Pástor, quien como ministro suscribió el contrato original, a los 14 días de la suscripción ingresó a trabajar en Gente Oil Ecuador. José David Burgos Zambrano, quien elaboró los datos de las reservas supuestas y analizó la oferta de DGC en su calidad de subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, tres meses después de la suscripción se convirtió en empleado del consorcio. (MMD)