Veeduría pidió a la Contraloría que se analice la aplicación de los pagos hechos por el Municipio.
El pago de $56 millones por compensación a los buseros urbanos desde 2015 hasta la fecha es cuestionado por una Veeduría Ciudadana que pidió a la Contraloría revisar las exigencias legales para la aplicación de esta fórmula.
Los mecanismos para el pago de compensaciones eran subjetivos. “La discrecionalidad que tenía la autoridad en contubernio con los transportistas fue un foco de corrupción”, dijo Cristóbal Buendía, integrante de la Veeduría Ciudadana y representante del Observatorio de Movilidad.
Los detalles
Mediante resolución C057, del 21 de febrero de 2015, el Concejo Metropolitano aprobó la compensación para mantener las tarifas del trasporte urbano.
Según Jéssica Jaramillo, vocera de la Veeduría Ciudadana para fiscalizar los recursos entregados a los transportistas, la compensación dispuesta por el Cabildo supone un monto de entre $450 y $1.000 por mes, pero el pago se cumple de forma trimestral.
La fórmula exige el cumplimiento de 30 parámetros, entre los cuales están el buen trato a los usuarios, limpieza de los buses, el cumplimiento de tarifas y paradas, la accesibilidad para discapacitados, la seguridad en el transporte, cobertura, entre otros.
Indicadores cuestionados
Entre los indicadores de calidad exigidos por el Cabildo está además el respeto a los límites de velocidad. En el informe de la Veeduría Ciudadana se considera que este parámetro ya consta dentro de un marco legal y “no procede dentro de la figura jurídica de la compensación el pagar por cumplir la Ley”, cita.
EL DATO
La Veeduría Ciudadana para fiscalizar los recursos entregados a los transportistas se conformó el 25 de septiembre de 2015.Jaramillo, como miembro de la Veeduría, considera que es necesaria la revisión de este y otros parámetros, como el respeto a las paradas de buses. “Eso está dentro de las obligaciones de cumplimiento del contrato de operaciones”, indica.
Análisis de la Contraloría
Una irregularidad encontrada y que motivó a que los veedores solicitaran la intervención de la Contraloría General del Estado es que dentro del instructivo para aplicar los pagos por compensación, la Secretaría de Movilidad, entonces liderada por Darío Tapia, dispuso como requisito que las cooperativas de transporte presentaran sus documentos en la Cámara de Transportistas.
“Pero esta entidad no ha firmado ningún contrato con el Municipio ni es parte del mismo. Cada cooperativa es independiente”, sostiene Buendía.
56
millones de dólares se han pagado en compensaciones desde 2015 hasta la fecha, según Veeduría
Es por esto que recomendaron a la Contraloría que se revise la aplicación de la figura jurídica de la compensación. “Será la Contraloría la que debe revisar si la política se ajusta a sus normas, pues desde el criterio de esta veeduría no se ajusta, dado que la inversión que se hace por parte del dinero del Estado está dirigida a una unidad de transporte de propiedad de un particular, cuyo beneficio es estrictamente particular y no es un bien del Estado”, cita el informe.
Buendía asegura que el estudio de la Veeduría fue entregado al Consejo de Participación Ciudadana en marzo de 2017 y al mes siguiente, el documento llegó a manos de la Contraloría para que realice un examen especial a todo el mecanismo de compensaciones.
Este Diario buscó las versiones de Darío Tapia, exsecretario de Movilidad del Municipio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (LGP)
Cumplimiento de parámetros de calidad
° En su momento, el concejal Eddy Sánchez, quien hoy es investigado por la justicia, informó que para 2016, el 60% de transportistas ya había cumplido con el acuerdo sobre el cumplimiento de los indicadores sobre un mejor servicio. Uno de los más importantes, dijo entonces, era la implementación de la Caja Común para evitar competencias entre conductores de una misma ruta.