La intervención por parte del Ministerio de Educación se realizó el 17 de abril y durará un año calendario.
La cuenta de 12 meses de intervención recién empieza a correr en el Sebastián de Benalcázar y se enfrenta a una trayectoria de más de 60 años. Durante un año calendario estará intervenido por la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano (Zona 9) y en ese tiempo, las autoridades y la comunidad educativa buscarán solucionar situaciones que han complicado el desarrollo normal de la institución que se creó en el año lectivo 1950-1951 y que ha sido referente de la educación de la ciudad y del país.
EL DATO
La APF tiene menos de 40 miembros y contribuye con los pagos de 17 personas que trabajan en la institución.Las razones del proceso, que empezó oficialmente el 17 de abril, están vinculadas, según las autoridades de las instituciones encargadas de educación municipal y pública, a complicaciones en procesos administrativos que se habían detectado desde hace años. Se han sumado también las denuncias de presuntos casos de abuso sexual entre estudiantes y acoso de un profesor hacia una estudiante. Uno de estos se reportó justo el día anterior al anuncio.
La pregunta de quienes están cerca del colegio y quienes lo ven desde fuera es, ¿cuál es el panorama real?
Un referente educativo
El Benalcázar nació con la idea de ser un emblema y una bandera de la ciudad, “que si bien no tuviera la capacidad de ser masivo fuera de excelencia”, recuerda Gonzalo Ortiz, quien fue presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Metropolitano de Quito de 2005 a 2008. Para él, la educación municipal es una de las herencias que ha mantenido el Cabildo durante los años.
3’033.185,78
es el presupuesto del colegio para este año.El exfuncionario, quien también es historiador, comenta que antes de la creación del colegio, en el siglo XIX, los Gobiernos inauguraban colegios esporádicamente y había una gran necesidad de educación secundaria. La primaria, en cambio, estaba a cargo del Municipio y de las órdenes religiosas. Los padres querían que sus hijos siguieran estudiando en una institución laica y de calidad.
“Es una muy mala noticia que tengan que intervenir el colegio”, opina Ortiz, pero piensa que quizás era necesario.
El papel de los padres
“No podemos tapar ni desconocer la problemática que tiene la unidad educativa, para nosotros no es ajena”, comenta Juan Carlos Boada, presidente subrogante desde el 14 de septiembre de 2017 de la Asociación de Padres de Familia (APF).
EL DATO
En 2003 se implementó el programa del diplomado del Bachillerato Internacional.Como representante de la organización con personería jurídica (un caso único en los colegios municipales) menciona que no se ha manejado la información de manera correcta y que eso puede afectar a los estudiantes. A pesar de eso, cree que la intervención puede ser beneficiosa para mejorar la calidad de la educación, si se hace de una manera conjunta.
Uno de los puntos criticados dentro de la institución fue el papel de la APF, que también ha tenido variaciones en el tiempo. Por “falta de consistencia, seguimiento y presentación de informes a las autoridades municipales” la asociación perdió credibilidad, cuenta Boada.
166.000
dólares le cuesta al colegio la certificación del Bachillerato Internacional cada año.
Por el momento, ellos también esperan respuestas de lo que pasará con el colegio que ayudaron a construir. “Entre el 60% y 70% de la infraestructura la construyó la AFP”, dice Boada quien espera que la institución vuelva a ser transparente, solidaria y de excelencia. (PCV)