La Corte Constitucional desarrolló ayer una audiencia respecto de las seis demandas de inconstitucionalidad contra la autorización al ingreso de cultivos y semillas transgénicas para investigación en el país, específicamente, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Ecológico.
Luego de escuchar los argumentos, la Corte cuenta con todos los elementos para dictar sentencia y la abogada Ana Lucía Bravo, de la Red por una América Latina libre de Transgénicos, espera que se dé pronto.
Luego de comparecer a la audiencia, explicó que una demanda es por la forma, es decir, el procedimiento jurídico en que la norma demandada fue aprobada, y cinco por temas de fondo, que tienen que ver con la violación de otros derechos, como los de la naturaleza, los colectivos de los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria, la alimentación y la prohibición a que entren al país tecnologías riesgosas y peligrosas.
Las otras partes
El subsecretario jurídico de la Presidencia, Diego Guarderas Donoso, en su intervención manifestó que, en efecto, existen violaciones a algunos derechos, incluyendo el de vivir en un medioambiente sano. También destaca la posición de la Defensoría del Pueblo, que también se manifestó a favor de la inconstitucionalidad de la norma.
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partes estuvieron representadas en la audiencia de ayer. A Bravo, la posición del Estado, le causó sorpresa, al ver en parte despejado el camino hacia la declaración de inconstitucionalidad.
“Los tiempos de la Corte son bien indefinidos, el hecho que nos hayan dado audiencia es súper importante, porque considerando que tiene como 10.000 casos atorados, para nosotros fue una muestra de que había un cierto interés en escuchar”, dice Bravo. En su demanda, la Red también pide que no se restrinja la circulación de semillas nativas y tradicionales del país. (MMD)