Cuerpo de Bomberos de Quito prepara su defensa en el caso de la compra de helicóptero

Helicóptero. El artefacto fue presentado a la ciudad en marzo de 2017.  (Foto. Cuerpo de Bomberos Quito)
Helicóptero. El artefacto fue presentado a la ciudad en marzo de 2017. (Foto. Cuerpo de Bomberos Quito)

Un examen especial de la Contraloría General del Estado establece que se pagaron $1,7 millones de más.

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Quito deben presentar a la Contraloría General del Estado todos los documentos que justifiquen la adquisición del helicóptero de marca italiana Agusta.

El proceso de compra es cuestionado por presuntas irregularidades, según se advierte en un examen especial realizado por Contraloría al proceso de compra de la aeronave y su utilización entre enero de 2015 y diciembre de 2016.

Según la auditoría, el Cuerpo de Bomberos decidió comprar el helicóptero para atender llamadas de emergencias en la ciudad.

Se recibieron dos proformas. Una por $2 millones presentada por la empresa Aeromaster y otra, por $2’560.000, de la firma Aeroleasing, ambas radicadas en EE.UU.

Al ser la proforma de Aeromaster la más conveniente, y considerando que ambas empresas ofertaban un helicóptero con las mismas características, las autoridades se volcaron en favor de esta oferta y el aparato fue presentado a la ciudad en marzo de 2017.

Un año después, Contraloría establece al menos seis puntos que no muestran coherencia en el proceso de compra. El primero es que previo a la adquisición de la nave no se habría realizado el respectivo análisis de mercado para conocer cuánto realmente cuesta un artefacto de esa marca y con las características requeridas en el mercado internacional.

De acuerdo con el examen especial de la Contraloría, basta observar las páginas web especializadas en venta de esos aparatos para encontrar que un helicóptero como el adquirido no cuesta más allá de $1,2 millones.

EL DATO
El Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato se hizo por el periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.Por otro lado, se determina que el aparato ya estaba en Ecuador desde 2015, en manos de Aeormaster , la empresa que lo vendió a los Bomberos. Esta compañía, además, contaba con un certificado de funcionamiento extendido a favor de Aeroleasing (la firma que presentó la proforma rechazada).

Dicho de otra forma, ese helicóptero no podía ser comercializado pues había ingresado en noviembre del 2015 bajo el régimen de admisión temporal y, según la factura presentada en el proceso de compra, había costado $300.000, es decir 1,7 millones menos de lo que se realmente pagó.

Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Eber Arroyo, dijo que el informe “carece de objetividad” y “tiene muchas imprecisiones”.

Arroyo asegura que el valor de 300.000 dólares, no corresponde a un valor de compra, sino a un servicio de arrendamiento realizado entre particulares antes a la compra del mismo y por eso aparece la diferencia de los 2.000.000,00 de dólares, que sí corresponden al valor de compra de la aeronave.

Piezas y garantía
La Contraloría también señala que las piezas del helicóptero tenían un tiempo de uso superior al permitido. Al menos 14 componentes o accesorios del aparato que no alcanzaron el remanente de 1.200 horas que se había fijado en los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas realizadas por los bomberos.

Al respecto, el Cuerpo de Bomberos señala que la aeronave cuenta con garantía extendida a los componentes y accesorios del helicóptero, que superan en exceso las 1.200 horas de remanente.

Intereses
En cuando a las empresas, podría determinarse un presunto conflicto de intereses pues Aeromaster pertenece a los mismos dueños que Aeromaster del Ecuador, donde el director de operaciones Bomberiles, Julio Valencia, se desempeñó como gerente general durante dos años.

Sobre este punto, los Bomberos defienden que Aeromaster y Aeromaster del Ecuador son dos empresas que tienen personería jurídica distinta; por lo que no tiene vinculación con el proceso para la adquisición de la aeronave. (LGP)